A BABOR FRANCISCO POMARES El fantasma de una huelga de funcionarios de carrera recorre despachos y centros de trabajo de la administración canaria. Es una huelga singular: una huelga a la que probablemente no irán los laborales, ni los enseñantes, ni los sanitarios, ni el personal de las universidades, ni el de Justicia, porque el asunto que la provoca no les afecta.


No siento especial sensibilidad por los problemas de los funcionarios de carrera, siempre he creído que constituyen un grupo privilegiado e inconsciente de esa situación de privilegio. Pero creo que en esta ocasión tienen razón: el Gobierno ha decidido descontarles con carácter retroactivo el complemento que abona para cubrir parte del pago que se recibe de la Seguridad Social cuando un funcionario está de baja. Es una práctica antigua en la función pública en Canarias y que debió haber sido recogida en el desarrollo de la Ley de la Función Pública, tal y como se preveía en su artículo 48.3, para que la costumbre tuviese base jurídica. No habiendo el Gobierno propuesto el desarrollo de la ley, se ha venido aplicando el artículo 69 de la de Funcionarios del Estado, pero ese artículo fue fatalmente derogado por los presupuestos del Estado de 2009, sin que en Canarias se diera cuenta nadie.


Hasta el 5 de octubre: con las apreturas de la crisis, el asunto ha sido descubierto por la Consejería de Hacienda, y la Intervención General ha ordenado que no se pague ese complemento a quienes enfermen y que además devuelvan el dinero cobrado por él. En la práctica, la broma implica que un funcionario de baja por una situación grave -pongamos un tratamiento oncológico de cuatro meses- tendrá que devolver una pasta gansa, mientras el señor que se sienta a su lado -si es laboral- aunque haya estado los mismos cuatro meses de baja, no pagará un duro, porque su convenio lo evita.


Desconozco a cuántos funcionarios afectará la orden de Intervención, ni si han empezado ya los expedientes para exigir la devolución a los funcionarios que tuvieran este año más de cuatro días continuados de baja. Ni siquiera me atrevo a opinar sobre si la cobertura constituye o no un derecho de los funcionarios de carrera. Hay muchos trabajadores cuyas empresas se hacen cargo de esa contingencia, pero hay otros -son minoría- que no tienen tal suerte. Lo que sí parece intolerable es que en una misma empresa -la Administración canaria lo es- haya trabajadores que tengan que pagar parte de sus bajas, y otros que no. Si eso ocurre, estaremos ante una situación grave de desigualdad. También parece grave que los funcionarios paguen con carácter retroactivo por un despiste de Hacienda o de Función Pública. Porque las leyes y órdenes que ocasionan perjuicio no pueden ser aplicadas con carácter retroactivo. Al menos en buen derecho.