ANA ORAMAS (*) Hace días se ha confirmado en las Cortes un objetivo largamente perseguido por los canarios desde hace años: la corresponsabilidad del Estado en la atención a los menores inmigrantes no acompañados, que hasta ahora descansaba únicamente en las comunidades autónomas receptoras, Canarias y Andalucía principalmente. Se consolidan así unas mejores condiciones para chicos y chicas desprovistos de todo amparo familiar y se alivia la carga que esto representaba para los servicios sociales canarios, más presionados que nunca en la actual coyuntura de crisis.

Las enmiendas de Coalición Canaria aprobadas abren también caminos para que otras comunidades autónomas los acojan plenamente; es decir, asumiendo también su tutela legal (que hasta ahora era imposible).

Además, el Estado y las comunidades autónomas podrán suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores para atribuirles la tutela. Y también se posibilita a las comunidades autónomas a celebrar convenios con los países de origen, con el objeto de que las acciones de integración social puedan realizarse en su entorno geográfico de procedencia, con las debidas medidas de seguimiento. De este modo se pretende intensificar la colaboración y cooperación con los países emisores, que constituye a todas luces una de las herramientas fundamentales para una adecuada política migratoria.

Se acaban así largos años de inhibición del Gobierno en esta materia. Era preciso articular políticas que permitan mejorar la labor que se lleva a cabo con los menores para no abocarlos a la marginalidad social
Se instaura asimismo la posibilidad de una colaboración más efectiva entre el Gobierno del Estado, las comunidades autónomas y las ONG dedicadas a la protección de menores, de cara a garantizar la mejor atención posible. Porque ahora las ONG pueden asumir la tutela ordinaria de estos menores al amparo de convenios de colaboración suscritos con las administraciones; circunstancia que ya estaba prevista en el Código Civil para los menores españoles en desamparo, pero no para los extranjeros.

Esa diferencia de trato vulneraba las convenciones y tratados internacionales suscritos por España en materia de protección de la infancia. En la misma línea se enmienda el artículo para extender la aplicación de las restantes normas e instituciones de protección de menores previstas en el Código Civil a los menores extranjeros no acompañados, pues no existe ninguna razón que justifique la discriminación de los mismo en este punto.

Y, finalmente, se reconoce expresamente la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan acordar entre ellas la transferencia de la tutela y custodia de los menores. Se facilita así la distribución en todo el país, paso previo para que también otros países europeos se impliquen en un problema global que hasta ahora sólo afrontan España, Italia y Grecia.

El Gobierno de Canarias sigue tra-bajando ante las instituciones de la UE para que haya una respuesta soli- daria global de Europa con este colectivo de niños abocados a situaciones dramáticas.

Como frontera más meridional de Europa Canarias puede ser el brazo cooperante de Europa en África, en un proceso que no se construye de la noche a la mañana. Precisa de avances graduales como el que posibilita la nueva Ley de Extranjería.

(*) PORTAVOZ DE CC EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.