RUBÉN REJA Lo empresarial se impone. La economía nos puede y las indemnizaciones están más que nunca a la orden del día. El Gobierno de Canarias legisla. A veces (errar es de humanos) se equivoca a la hora de estrenar leyes y a la larga perjudica y ralentiza el desarrollo económico. Los ejemplos son varios, llámese moratoria (eso de no poder construir más hoteles), o Tebeto (frenar los derechos de explotación minera de una montaña, que ahora es de oro). Ante estos tropezones, las empresas afectadas, y con la ley en la mano, denuncian la injusticia y arrinconan al Ejecutivo contra las cuerdas, que, finalmente, cae noqueado en el ring de los tribunales al afrontar pagos millonarios provocados por su patosa incompetencia. Lo peor de todo es que los golpes millonarios a los que se enfrenta el Ejecutivo, y que lo lleva a un KO técnico financiero por su falta de rigor, los acaba pagando el contribuyente de a pie. Un contribuyente que ya está harto del paro, de las previsiones fallidas, de la falta de oportunidades, de globalidad, de desafíos, de nuevos retos, de visión de futuro y de la puñetera crisis sin obtener respuestas a sus problemas.


Un contribuyente que no esconde su sorpresa e indignación cuando el presidente Paulino Rivero dice que combatirá "abiertamente" las decisiones judiciales que le obligan a pagar por los errores del pasado. Al Gabinete de Rivero le falta cintura jurídica y falta de forma organizativa. Algo que le empujará tarde o temprano a anunciar su retirada del cuadrilátero político. En caso contrario, los daños serán irreparables. El Gobierno condenado a pagos multimillonarios por la moratoria turística o la Ley de Declaración de Espacios Naturales no puede tener la arrogancia y la desfachatez de decir ahora que todas las resoluciones en su contra se recurren en defensa del interés general, cuando los errores de bulto han sido individuales y provenientes de cargos públicos. El Gobierno, además, considera que no se han producido perjuicios patrimoniales a los empresarios que han pleiteado con la Administración y, por lo tanto, justifica que el Ejecutivo use todos los recursos a su alcance para evitar pagar por decisiones injustas. De esas decisiones injustas dependen miles de nóminas de trabajadores que deben respaldar cada mes los Eustasio López, los Juan Miguel Sanjuán o los Theo Gerlach. Empresarios que, una vez más, lanzan un croché directo a la mandíbula financiera del señor Rivero.