PEDRO GUERRA Los miembros de la Cofradía del Clavo Ardiendo, que diría el ilustrísimo José Ramón de La Morena, tienen un nuevo hierro al rojo vivo al que agarrarse: Se llama Sitel. Sitel es esa palabreja de cinco letras a la que todo cargo político imputado por corrupción se abraza en las últimas semanas. Una verdadera indecencia.

El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel), elaborado por la multinacional sueca Ericsson para que el Gobierno de José María Aznar lo pusiera a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (aunque no le dio tiempo porque el Gobierno pasó a manos de Zapatero), se ha convertido en una suerte de excusa (más bien artimaña) para echar tierra sobre la corrupción. Dicen que es ilegal, que se utiliza de forma arbitraria, que va contra los derechos fundamentales y que vulnera la intimidad de sus majestades los cargos públicos. Aunque, ciertamente, la única palabra válida es la del Tribunal Constitucional, que lo ha declarado legal.

En realidad, la invocación de vulneración de derechos fundamentales en un proceso penal por presuntas irregularidades en las escuchas telefónicas no es nueva ni mucho menos un descubrimiento de los cargos públicos imputados por corrupción. Se utiliza desde hace años por abogados de narcotraficantes o de bandas terroristas cuando un juez planta sobre la balanza de la Justicia conversaciones telefónicas del todo esclarecedoras sobre la comisión de un delito.

Pero ahora llega a la corrupción. Hemos visto como esta semana los imputados de la red Gürtel, una de las tramas de corrupción más importantes que han existido en España en los últimos tiempos y que afecta de lleno al Partido Popular en Valencia, claman por la ilegalidad de las escuchas del sumario por los presuntos trapicheos que se hacen con Sitel

Debería importar poco o casi nada (ya sé que los adalides de la legalidad pondrán el grito en el cielo) la forma en que se han efectuado las grabaciones que afectan a lo que todos los partidos políticos (hasta que les toca a ellos) califican como el mayor cáncer de una sociedad democrática: la corrupción. Y no es que vayamos ahora a defender grabaciones a granel para todos los cargos públicos, pero sería importantísimo a la par que un ejercicio de limpieza política que se fijaran un poquito en el contenido de esas conversaciones que tanto escandalizan a la opinión pública en este Estado democrático llamado España.

Sobre todo, después de conocer esta misma semana que entre los dos partidos políticos más importantes del país (PSOE y PP) suman más de cuatrocientos cargos públicos imputados, y que Coalición Canaria es el tercero de la lista y el primero en proporción a su cuota de poder. Casi nada.