En la normativa vigente sobre educación de las personas con discapacidad, destacan los derechos a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades, persiguiendo adoptar los mismos principios que en su día asumieron otros niveles del sistema educativo, esto es, el principio de normalización (referido al entorno socioeducativo), el principio de integración (aceptando la diversidad y la igualdad de oportunidades) y el principio de individualización (atendiendo a las necesidades específicas del alumno). La Constitución española garantiza el derecho "? de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes" artículos 27.5 y 27.8 que asignan a los poderes públicos la inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Niños hipoacúsicos, con síndrome de Down, autismo, dificultades del aprendizaje y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otras deficiencias, se encuentran en situación de necesidad de adaptación curricular que los acerque a la normalidad educativa y la igualdad con respecto al resto de los escolares. Lo mismo ocurre con niños que provienen de núcleos familiares y sociales de culturas diferentes o situaciones económicas muy desiguales. La dinámica enseñanza-aprendizaje requiere pautas particulares, por las singularidades de las discapacidades y problemas individuales existentes, por lo que la presencia en los centros de los especialistas adecuados se hace esencial para la consecución de una enseñanza orientada en la incorporación de todos los niños al sistema educativo, con resultados satisfactorios para cada uno de ellos.

El Derecho internacional a la educación, desarrollado por la normativa española, correspondiente, en diferentes rangos, establece un marco jurídico aceptable para el cumplimiento, al menos en teoría, de este objetivo de modelo educativo. Intelectualmente, resume la extensa documentación jurídica que se ha producido en nuestro país con el fin de lograr un sistema educativo eficaz, que contemple la diversidad del alumnado en nuestro país, sus necesidades y soluciones en el camino de la integración, que impera en nuestro ámbito geográfico educativo europeo.

Sin embargo, los presupuestos económicos destinados a la educación son aún bajos, si los comparamos con los países más avanzados en esta materia en la Unión Europea. Esa ausencia de compromiso mayor con la educación se traduce en muchas necesidades materiales y humanas que nuestras escuelas públicas precisan para la garantía del cumplimiento eficaz de la idea primera de nuestro sistema docente.

Ante esta laguna inmensa de escasez de recursos en periodo de crisis económica, que ha pasado factura a los servicios esenciales de los ciudadanos, primeramente a la educación, surgen ejemplos de creatividad, profesionalidad y buen hacer como el que quiero destacar en este artículo. Lamentablemente no son muchos, pero es de justicia resaltar aquel que brilla incluso en tiempos de injusta austeridad para la enseñanza de nuestros menores. Me refiero al Colegio Público de Integración Preferente Carlos Navarro Ruiz, a la ejemplar trayectoria de su director, Manuel Hernández Enríquez, y personal docente de entrega y eficacia de la talla de profesoras como Carmen Santos Cazorla y Susana Reyes Roque.

El trabajo que vienen desempeñando no tiene precio alguno y es, sin embargo, una estela ejemplar para muchos profesionales de la docencia y para la debida reflexión de nuestros responsables políticos en el área educativa, que muchas veces olvidan la necesaria motivación de personas como las que he citado.

Nuestros escolares necesitan recursos materiales y humanos e, igualmente, la voluntad de trabajo docente y la notable capacidad profesional que demuestra el personal de este entrañable colegio público canario.