El Juzgado de lo Penal 1 de Las Palmas acaba de dictar sentencia condenando a 9 meses de prisión a Soledad Perera por desobediencia a la autoridad judicial. Se trata del enésimo punto y seguido en el llamado 'caso Piedad', el calvario personal y judicial que vive Perera y con ella toda su familia por tratar de impedir que una niña que le fue entregada en régimen de acogimiento temporal por la Dirección General del Menor reingresara en un orfanato como paso previo a un retorno con su madre biológica, que sólo unos meses después volvió a depositarla en un centro de acogida donde vive desde entonces.

Ante las sentencias no cabe otra cosa que el respeto a la Justicia y el uso por los protagonistas de su legítimo derecho a acudir en apelación a cuantas instancias les permita la ley en defensa de sus argumentos. Es algo que con seguridad hará Soledad Perera, aunque eso no le evite el impacto que en términos de quebranto personal le ha reportado esta nueva sentencia.

La decisión judicial sí merece, en cualquier caso, un atento análisis, que no puede resultar completo si se descontextualiza de las dramáticas circunstancias personales que rodean este caso, y no sólo para Soledad Perera. A finales de octubre de 2008, meses después de que le fuera devuelta su hija con 7 años de edad y después de que la Administración pusiera a su alcance todos los recursos necesarios para una vida 'normal', desde una casa hasta un trabajo, pasando por asistencia cotidiana para cubrir tareas tan elementales como llevar la menor al colegio, la madre biológica pidió un cese temporal de la custodia y devolvió a la pequeña a un centro de menores.

Los meses que siguieron a este inquietante hecho no mejoraron las cosas: la niña quedó en la casa de acogida, y sucesivos desórdenes llevaron a la Dirección General del Menor a adoptar otra temida y no menos dramática decisión: volver a declarar oficialmente el desamparo de Piedad.

Siete años después de que el bebé Piedad llegara por orden de una fiscal a un centro de menores, la historia se repetía, esta vez ante los ojos inocentes de una niña con capacidad para pensar, recordar y sufrir. El desenlace vino a confirmar dramáticamente lo que Soledad Perera y todos quienes la apoyaron y luego la dejaron sola vaticinaron antes de que la niña fuera devuelta a su madre biológica: el camino iba a desembocar en un fracaso de consecuencias emocionales irreparables para la niña. Así fue. Sin embargo, la sentencia de Penal 1 divulgada hace 48 horas establece que no cabe admitir la eximente de estado de necesidad, es decir, apreciar la posibilidad de que Perera incurriera en el delito de desobediencia en el intento de impedir un mal mayor. Piedad acabó tras los muros de una casa de acogida. Pero, según la sentencia, "no existe prueba alguna sobre la existencia real de ningún mal" y Perera merece prisión porque impuso "su criterio al emanado de la autoridad judicial".

La vía de los recursos permitirá visualizar con claridad hasta dónde coloca la Justicia el interés superior del menor por encima de otras circunstancias, en este caso las reclamaciones luego fallidas de la madre biológica. Pero el caso Piedad merece más que nunca una reflexión institucional acerca del trato que la burocracia dispensa a los niños en desamparo, más de dos mil en Canarias, que languidecen un día detrás de otro tras los muros de los centros de acogida.