ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA La 'Ley Común' de Inglaterra ha sido laboriosamente edificada sobre una figura mítica: la figura del hombre razonable". Este hombre razonable que cita Frank Herbert, igual que el "hombre corriente" al que tantas veces se refirió Churchill, son una metáfora del sentido común primario que es el cimiento de la arquitectura democrática: sin tener estas ideas claras aparecen las grietas en el edificio. Y una de sus aplicaciones prácticas tiene que ser la convicción de la importancia prevalente de las libertades de opinión e información, que no admiten limitaciones previas y extrajudiciales bajo ningún concepto. Hay sobrada y pedagógica jurisprudencia al respecto: las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional no dejan lugar a la menor duda. Incluso hay una, cuyo ponente fue el magistrado Francisco Tomás y Valiente (asesinado por ETA), que rechaza un 'secreto del sumario' que vaya más allá de la protección de datos en el ámbito jurisdiccional porque eso equivaldría precisamente a "crear una atípica e ilegítima materia reservada" (STC 13/1985 Sala Segunda), que inadmite la Constitución. En base a estas y parecidas consideraciones, sucesivas sentencias han rechazado que el 'secreto del sumario' pueda afectar a los periodistas, cuya función es comunicar los hechos verdaderamente ocurridos. La persecución de las 'filtraciones', por lo tanto, afecta a los filtradores que deben guardar reserva, pero de ninguna manera a los profesionales de la comunicación que empleen para llegar a ellas los mecanismos y exigencias propios de su deontología: confirmación y veracidad. Para los 'hombres razonables' no hacen falta más argumentos; si algo relacionado con las prevalencias de las libertades de prensa les molesta, lo único que queda es el 'principio de la borrasca': cuando se avecina una, lo mejor es no salir de casa o llevar paraguas.


Pero hay muchos políticos que se dan muchos solemnes y vistosos golpes de pecho democráticos, pero que aún no tienen asumida en su verdadera y exacta dimensión sus obligaciones constitucionales; lo de siempre, exigen y abusan de sus derechos pero ignoran y manipulan sus obligaciones. Y el PP de Valencia no tiene muy clara esta idea de subordinación a la crítica. Desde hace muchos años, durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, el periódico Levante tuvo que erigirse en defensor de la libertad de información y opinión frente a un reiterado intento de ninguneo y amordazamiento de la labor periodística independiente. Los jueces le dieron la razón una y otra vez, y llegaron a lo insólito: condenar al grupo parlamentario.


La cabra siempre tira al monte, y aunque las cosas mejoraran en este aspecto en el post zaplanismo, hasta la aparición del escándalo Gürtel, a partir de ese instante muchos conservadores valencianos volvieron a las andadas. No habían leído a Bertrand Russell, ni tomado nota de su consejo: "Lo más difícil en la vida es saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar". El presidente de la Diputación de Valencia cometió el error ¿o delito? de ejercer la censura previa, contraviniendo el artículo 20.2 de la CE al ordenar retirar de una exposición previamente autorizada en el Museu Valenciá de la Il-lustració i la Modernitat (Muvim) todas las fotos relacionadas con el escándalo crucial del 2009: la trama Gürtel. La dimisión del director, el catedrático de Estética Romà de la Calle que ha denunciado con rotundidad esta agresión a las libertades constitucionales, ha perfilado aún más la imagen de unas autoridades que siguen sin admitir aspectos democráticos básicos. Pero igualmente grave es la reacción de Rajoy: "La censura no es de mi competencia". Si no lo es, por extensión no lo son los otros requerimientos constitucionales, desde el preámbulo a las disposiciones finales. Por supuesto que el ejercicio de una censura anticonstitucional por motivos políticos evidentes por parte de un califa local concierne a todos los dirigentes de todos los partidos. Y esto es lo que preocupa. Que Rajoy no considere importante esa censura, como no considera inadmisible que un parlamentario conduzca borracho y provoque un accidente. (tristan@epi.es)