No es agradable certificar que ni el fracaso escolar puede motivar un acuerdo político en España. La separación cada vez más profunda entre los representantes públicos y la sociedad es evidente a través de la egolatría sobre la que descansan: sus proyectos son exclusivamente personales, y como mucho, aunque lo dudo, del partido. La educación es ahora más que nunca una maría, aunque integrada por brebajes más actualizados, como es la diatriba entre enseñanza pública y privada (aunque religiosa), la cuestión del bilingüismo (castellano, catalán, vasco...) y la incorporación última sobre la necesidad de reforzar la autoridad del profesor. Según el PP, la falta de firmeza de los socialistas sobre estos tres aspectos llevaron a la nada el pacto por la educación en España, aunque de cara al publicismo la portavoz Cospedal lo resumió así: el Ministerio "no ha querido cambiar el modelo educativo fracasado". Una explicación tan despachada a la carrera que refleja el desinterés por un problema donde no sólo está en juego el sistema académico, sino por supuesto el futuro de la planificación socioeconómica del país, con una monumental cifra de parados en el cráter de un volcán a punto de reventar.

La aplicación de la sensatez al mapa educativo nacional tenía, entre otros atractivos, que lograr por una vez que el sistema no estuviese supeditado a los cambios de legislatura. El abandono del PP significa, por tanto, que en el supuesto caso de que ganara las próximas elecciones cambiaría una vez más nuestro manoseado modelo, cojitranco y un tanto ininteligible debido a las entradas y salida de normativas varias. Entre las resistencias populares, más allá del resumen de la portavoz, la que tiene más que ver con la educación, es decir, con los padres y los alumnos propiamente, es la que hace referencia a la necesidad de revestir al profesor de mayor autoridad. Y en dicho punto, frente al alumno que increpa, maltrata o agrede al profesor, hay un soporte que es el Código Penal. Ir más allá podría significar la creación de un régimen especial, disciplinario, para la enseñanza. ¿Es la mejor medicina para unos hechos aislados, de poca frecuencia? ¿Establecer la expulsión como moneda corriente es la mejor alternativa? En todo caso, no parece ser la falta de autoridad del profesor en la aulas lo que realmente contribuye a aumentar el fracaso escolar. Al margen de las excepciones delicuenciales, el origen de la situación está donde ha estado siempre: sobreabundancia de asignaturas; contenidos obsoletos; temarios que se estancan y no abordan la época, ni mucho menos la actualidad; falta de atención personalizada a los alumnos por carencia de medios humanos; enseñantes burocratizados; saturación de tareas para los pupilos; docentes instalados cómodamente en la función pública... La ristra de males podría ser interminable... Pese a ello, y también al ejemplo de higiene pública puesta de manifiesto por el ministro Gabilondo, ha sido imposible cerrar un pacto para la educación. ¿Puede pesar más la inmediatez preelectoral que la abrumadora coyuntura del panorama educativo? Pues parece que sí.

Las negociaciones a lo largo de un año del catedrático Gabilondo con los sectores son un buen laboratorio para obtener, si se quiere, conclusiones sobre cómo el PP es rehén de su propia práctica obstruccionista. La propuesta de pacto no removía, en caso alguno, las aguas conflictivas de la Educación para la Ciudadanía, la asignatura de religión, la ficha financiera de la concertación... O sea, la verdadera selva de la confrontación. Pero ni el talante moderado y conciliador del ministro ni el salto sobre las hogueras lograron promover un voto de confianza, un signo de madurez democrática. Hacer de la educación una moneda de cambio es un clásico en España, y el dramatismo de las cifras no parece ser un motivo para cambiar de rumbo. Ni tampoco el hastío social ante la política como espectáculo. Coalición Canaria (CC), de manera cabal, se ha distanciado de su socio, y a la vez que apoyaba las propuestas de Gabilondo manifestaba su extrañeza ante la fortaleza de PP para oponerse a un acuerdo con un consenso muy trabajado, o al menos así lo parecía por la compenetración de Cospedal con Gabilondo.

Tras la expulsión de los líquidos de este primer intento de pacto, los ciudadanos deben renunciar a cualquier ilusión con respecto a una salida dialogada de los asuntos más calientes de la política española. El PP es capaz de convertir cualquier lecho de convergencia en el escenario ideal de un faquir: someter al país a la mortificación de tener que andar día tras día sobre cristales picudos, cuchillos de punta fina y alfileres. El resultado es que le han dicho 'no' a Gabilondo, pero lo mismo hubiese ocurrido con una momia delante. Todos tenemos claro ya que la educación está supeditada a los cambios de gobierno, y que la PAU puede llamarse PU o PAS, la LOE LOLE, y así...