Era una niña de seis años. Sus padres vivían en Zárate, papá auxiliar de clínica, Alberto, un buen hombre y mamá ama de casa. Su pequeña sufría estrabismo y los padres querían corregir esa alteración que afectaba a su visión y a su estética; así que con miedo porque en los noventa esas operaciones implicaban un riesgo que hoy no existe, dieron el paso. Eligieron a un oftalmólogo que operaba en una clínica privada. Sería una intervención sencilla. Un par de horas y a casa. Llegó el día y la madre aguardó pacientemente en la sala de espera mientras la niña estaba en quirófano; el tiempo transcurría y nadie explicaba la razón de la tardanza. Cuando había pasado cuatro o cinco horas apareció el cirujano. Algo había ido mal; la enferma no despertaba y llevaban horas intentando reanimarla. No hubo suerte. La niña había recibido más anestesia de la aconsejable y no respondió. La pequeña era un vegetal. Sabían que estaba viva porque respiraba. Con el dolor que se imaginan se la llevaron a casa después de permanecer ingresada unas semanas. A partir de ese momento los padres se enfrentaron a un infierno que incluía cuidados especiales y gastos, es decir, silla, cama articulada, pañales, comida triturada. Recuerdo ir a su casa y ver la impotencia de aquellos padres. Eran tiempos en los que los médicos eran vacas sagradas a los que nadie hacia frente.

Un amigo llamó al abogado Fernando Sagaseta (DEP) expertos en atropellos sociales que llevó la defensa. Estuve en la primera reunión entre abogado y padres. Alguien tenía que responsabilizarse de lo ocurrido. Había que publicar lo noticia: “Una mala práctica médica deja en estado vegetativo a una niña de seis años”. Esa publicación puso en pie de guerra a la clínica y a los responsables de intervención alegando que el periódico había dañado su imagen. Del estado de la pequeña hablaban poco. El otro paso fueron los tribunales que después de años de lucha le dieron la razón en el Supremo. El anestesista fue amigo de adolescencia y aunque él nunca me presionó si lo hizo su entorno. Cargaron contra la periodista por publicar lo sucedido. Su pretensión era alcanzar un acuerdo económico con la familia lejos de los tribunales pero así, no. La justicia tenía que velar por los derechos de la enferma.

Una década después publiqué la condena millonaria pero no fue consuelo para unos padres a los que les destrozaron la vida

@marisol_Ayala