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Carlos Campos Acero

Maestro de nada y aprendiz de casi todo

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  • 08
    Octubre
    2012

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    España. Crisis social y reforma constitucional

     

     

     

     

     

    El profesor Josep Ramoneda

     

     

     

    Los amables lectores de este blog habrán leído en él con anterioridad una frase de Perogrullo que repito a menudo: en una democracia asentada es posible salir de una crisis económica, por dura que ésta sea, sin excesivos daños en el tejido social y político. Cuando la crisis se convierte en social y política, amén de económica, estamos al borde del abismo. En mi modesta opinión de ciudadano normal y corriente, ya estamos en el mismo borde, y no se ve barrera alguna de seguridad. 

     

    De esta crisis del sistema que ya parece total habla hoy en "El País" con extrema dureza el exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente del "Institut de Recherche et Innovations de Paris", Josep Ramoneda, en un artículo titulado "Las políticas de la vergüenza" que pueden ustedes leer aquí

     

    Con la claridad que él acostumbra, también sobre la crisis política en la que el gobierno del partido popular nos ha metido a base de dar descarnados palos de ciego sin medir las consecuencias y daños coletares de sus acciones, pero también de sus posibles soluciones, entre ellas, la de una reforma profunda de la Constitución, lo hacía también hace unos días en "El Huffington Post" el parlamentario europeo, exministro de Justicia, exsecretario general del PSOE canario y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Fernando López Aguilar, en otro artículo que lleva por título "Rescatar la democracia: política a contracorriente" que pueden leer aquí. Les aseguro que ambos artículos merecen la pena.

     

    Permítanme ahora reproducir un fragmento de un texto que creo les resultará interesante. Dice así: "El gobierno de la "nación" y el de las "comunidades autónomas" no son, en realidad sino diferentes mandatarios y representantes fiduciarios del pueblo, dotados de poderes diferentes y designados para finalidades diversas. Los adversarios de la Constitución parecen haber perdido completamente de vista al pueblo en sus razonamientos sobre esta materia y haber considerado a estas dos organizaciones no solo como rivales y enemigos recíprocos, sino como si estuvieran libres de todo superior común en sus esfuerzos por usurpar las facultades de la otra. Aquí debemos recordar su error a estos señores, diciéndoles que la autoridad final, sea cual fuere la autoridad delegada, reside solo en el pueblo, y que no ha de depender meramente de la ambición o destreza comparativa de los diferentes gobiernos el que cualquiera de los dos consiga ampliar su esfera de jurisdicción a expensas del otro".

     

    Suena  muy actual, y se limita a recordar algo sabido por todos y olvidado por algunos, que, por ejemplo, con palabras distintas resume el artículo 1 de la Constitución Española: "La soberania nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado". Elemental.

     

    Pues ese texto que he traído hasta aquí apareció escrito el martes, 29 de enero de 1788 en el periódico El Correo de Nueva York, firmado con el seudónimo de Publio, por James Madison, y corresponde al capítulo XLVI de "El Federalista", la serie de artículos que Alexander Hamilton, John Jay y el citado James Madison, escribieron entre 1787 y 1788 en varios periódicos neoyorkinos en defensa del proyecto de Constitución federal de los Estados Unidos de América elaborado por la Convención reunida en Filadelfia. Solo he cambiado al reproducirlo, jugando  al despiste durante unos  momento, las expresiones "nación" y "comunidades autónomas" que en el documento original dicen, respectivamente, gobierno "federal" y gobierno de los "Estados".

     

    Comparto la opinión de Ramoneda y López Aguilar en cuanto a la necesidad imperiosa de revisar a fondo la actual Constitución. Sobre todo en lo que se refiere a la ley electoral y el sistema de representación, y por otro lado, a la configuración territorial del Estado.

     

    Soy consciente de que no voy a aportar nada novedoso al respecto, pero son éstos dos asuntos que he estudiado a fondo y con interés, y que me gustaría exponer de nuevo en el blog por si pueden ayudar de alguna forma a profundizar en un debate que ya es, más que necesario y urgente, ineludible.

     

    Vayamos con la ley electoral y el sistema de representación, aunque centraré mi propuesta únicamente en lo que refiere a la configuración de las Cortes Generales. Lo primero, recordar que la finalidad de cualquier sistema electoral y de representación es hacer que la mayoría de la ciudadanía elija a una minoría de personas que, como representantes suyos, configuren el gobierno del Estado. La segunda, que esa minoría de representantes traslade al parlamento lo más exactamente posible las opiniones de los representados. Y la tercera, que esos representantes respondan directamente de su gestión ante los electores que los han elegido y a los que representan. Un sistema así configurado se llama desde finales del siglo XVIII para acá "democracia representativa". Y no hay otra. La democracia o es representativa o no hay democracia.

     

    En la vigente ley electoral el Congreso de los Diputados español se elige por un sistema formalmente proporcional, pero que en realidad no es tal, sino más parecido a uno mayoritario producto de la disfuncionalidad que ocasiona el pequeño tamaño de las circunscripciones electorales (las provincias) y las listas electorales cerradas y bloqueadas elaboradas libremente por las cúpulas partidistas en las que los electores no pueden establecer la menor modificación. Este sistema ha venido funcionando, de relativamente bien a estrepitosamente mal, desde 1978 hasta hoy. Pero ya no agunta más.

     

    La reforma que se debería acometer debería permitir que los representantes elegidos por el pueblo no solo facilitaran la conformación de gobiernos estables y una representación adecuada de las opiniones políticas de sus electores, sino también, y sobre todo, que los electores tuvieran la última palabra sobre a "quién" eligen como su representante, y éste, su representante, que supiera con claridad a "quién" representa.

     

    Eso puede conseguirse desechando el sistema electoral vigente de representación proporcional y conformando uno mayoritario simple, en la que cada circunscripción electoral elija un solo diputado. Pongamos un ejemplo.

     

    La población española es de, aproximadamente, 45 000 000 de habitantes. Para un Congreso de 300 diputados, correspondería repartir la población española, a partir de la población de cada una de las comunidades autónomas en circunscripciones electorales de aproximadamente 150 000 habitantes cada una, circunscripciones que eligirían a su vez un solo diputado al Congreso por cada una de ellas. En todo caso, toda comunidad autónoma tendría derecho a elegir un diputado, aunque su población de conjunto no llegara a esos 150 000 señalados. Y, evidentemente, deberían establecerse mecanismos por los que los electores, en casos tasados constitucionalmente, pudieran revocar libremente a sus representantes.

     

    Sobre la configuración territorial del Estado, aun reconociendo el  innegable avance y la importantísima labor realizada por el llamado Estado autonómico, hay que decir que el sistema actual ha tocado fondo, o techo, como ustedes prefieran, y que hay que ir decididamente y sin complejos a un sistema federal en el que la Constitución establezca taxativamente cuales son las funciones que corresponden al gobierno federal y como tiene que ejercerlas, y dejar todo lo que la Constitución no encomiende al gobierno federal a lo que establezcan, libremente, las Constituciones de los diversos Estados, Comunidades autónomas, regiones, provincias, territorios o como quieran ustedes llamarlos que configuren la federación. Por supuesto, siempre dentro de la lealtad y colaboración respectiva constitucionalmente exigible entre la federación y los entes federados.

     

    Dos puntos más y termino sobre este aspecto de la configuración federal de España. Me refiero al Senado y al número de entidades federadas.

     

    Sobre el primero, me parece necesario que el Senado sea el órgano de representación de los entidades federadas, es decir de sus gobiernos respectivos, y se convierta en el órgano a través del cual las entidades federadas participan en el gobierno de la Federación, junto con el Congreso de los Diputados como representación del pueblo español en su conjunto. Un ejemplo que podría servir de punto de partida para su configuración sería el del Bundesrat, o Cámara Alta, del parlamento alemán, aunque en nuestro caso, cada una de las entidades federadas tendría en el Senado el mismo número de votos independientemente de su población. 

     

    Sobre el segundo aspecto, el número de entidades federadas, me parece evidente que podría aprovecharse el momento de la reforma constitucional para propiciar (nunca imponer) una reducción de su número, por ejemplo, suprimiendo las actuales comunidades autónomas uniprovinciales, salvo las de Navarra y Baleares, por razones históricas, y creando las de Madrid ciudad, Ceuta y Melilla. 

     

    Sobre la división territorial española hay estudios muy interesantes que no voy a citar ahora salvo el titulado "La región. Aspectos administrativos", de Pedro M. Larumbe Biurrún (Montecorvo, Madrid, 1973). En base a lo en él expuesto, y como expresión de mi simple opinión personal. un ejemplo de como podría quedar la estructura federal española podría ser el siguiente: Galicia, Asturias-Cantabria-León (provincia), País Vasco, Navarra, La Rioja-Aragón, Cataluña, Castilla y La Mancha (incluyendo en ella las actuales provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha más Murcia y Madrid),

    Valencia, Baleares, Andalucía, Extremadura, Canarias y las Ciudades Autónomas de Madrid, Ceuta y Melilla.

     

    Y por supuesto, desaparición de las Diputaciones provinciales y unificación forzosa de entidades muncipales menores de 10 000 habitantes para la constitución de Ayuntamientos, aunque este último es un aspecto que muy bien podría dejarse a lo que establecieran las Constituciones de las respectivas entidades federadas.

     

    Espero que los artículos citados al comienzo les hayan resultado interesante. Y si esta entrada contribuye en algo al necesario debate sobre la ineludible reforma constitucional que España necesita, me daré por satisfecho.

     

    Y sean felices, por favor, a pesar del gobierno. Tamaragua, amigos. HArendt

     

     

     

     

    El parlamentario europeo J.F. López Aguilar

     

     

     

     


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    Entrada núm. 1747

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