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Blog En analógico y en digital - Rubén Sánchez Antuña

Rubén Sánchez Antuña

Ingeniero de telecomunicación, diplomado en economía y postgrado de especialista en economía de las telecomunicaciones. Como escritor tiene publicados cinco libros: "Dos estrelles nel firmamentu infinitu","El murmuriu d'un mieu ensin nome","Dos visiones asturianes de le...

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Reflexiones sobre las TIC y la sociedad de la información


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  • 01
    Diciembre
    2010

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    LA LÓGICA DEL RETRASO

    El Ministerio de Industria anunció la semana pasada el más que previsible  retraso de la banda ancha universal a 1Mbps anunciado para el 1 de enero de 2011 en nuestro país. Estaba claro que era una utopía. La idea era buena y hasta visionaria, pero totalmente improbable en ese plazo. Por el momento no hay nueva fecha, quedando pendiente de dos cosas: de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible (LES), donde se ha introducido la medida, y  de la publicación de los resultados de la consulta pública que ha realizado la Comisión Europea.

    Esta decisión ha sido muy bien acogida por las operadoras. Primero, por el retraso que les permite tomar aire, y, después, porque implica que se van a tener en cuenta las modificaciones que se van a hacer en la normativa de la UE sobre el Servicio Universal. La inclusión de la banda ancha en el Servicio Universal es un debate que recorre toda Europa. Los Gobiernos de los países son sensibles a la importancia de extender el acceso a Internet de  alta velocidad, pero no hay acuerdo sobre si la mejor vía es forzar a las operadoras a hacerlo a través del citado Servicio Universal o establecer ayudas públicas para ello.

    Las operadoras, lógicamente, prefieren la segunda opción por una razón muy sencilla: no es lo mismo “acceso universal a la banda ancha”, con la consecuente obligación de dar acceso a banda ancha a cualquier persona independientemente de su ubicación, frente a la opción de “universalización de la banda ancha”, que permite ir ampliando la cobertura al ritmo que se pueda permitir la operadora, invirtiendo donde más rentabilidad vaya a conseguir y con ayudas públicas donde las Administraciones quieran. Esta postura es tanto defendida por la ETNO (European Telecommunications Network Association) como por la ECTA (European Competitiva Telecommunications Association), las dos patronales europeas que defienden intereses contrarios: la primera representa a los ex monopolios y la otra a las operadoras que compiten con ellos.

    La Comisión Europea ha proporcionado algunas estimaciones sobre el orden de magnitud de las inversiones necesarias para cumplir el objetivo de lograr una cobertura de 1 Mbps para todos los ciudadanos de la UE: nada más y nada menos que 11.000 millones de euros a lo largo de cinco años. Es un coste considerable, aunque relativamente reducido si se compara con el asociado al despliegue de las nuevas redes de alta velocidad. Dependiendo de las tecnologías que se utilicen, lograr una cobertura para todos los hogares europeos a 30 Mbps podría costar entre 38.000 y 58.000 millones de euros, y conseguir que el 50% de los hogares en Europa tengan conexiones de, al menos, 100 Mbps, entre 181.000 y 268.000 millones de euros.

    Son cifras astronómicas para estos tiempos donde  un escenario  financiero adverso limita la financiación privada y existen fuertes restricciones en los presupuestos de las Administraciones Públicas. De ahí que la política de telecomunicaciones de los países de la UE, y por tanto España, suponga un gran  reto: ¿cómo conseguir el volumen necesario de recursos financieros, privado y público, necesario para dotar de unas infraestructuras de banda ancha de nueva generación – tanto fijas como móviles- que sustituyan a las actuales?

    El país que cometa el error de retrasarse se situará en una posición de clara desventaja competitiva frente a los demás, limitando claramente el crecimiento de su productividad y del empleo a medio y largo plazo.

     

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