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Blog Zumo de Cereza - Noemi Parra Abaúnza

Noemi Parra Abaúnza

Noemi Parra Abaúnza es Sexóloga, Antropóloga, Trabajadora Social y especialista en Género y Políticas de Igualdad. Profesora Asociada en la ULPGC. Miembro de acciónenred-Canarias en donde participa en el área Feminista y en equipo de coordinación del Programa Por los Buenos Tratos desde el 2005. Tie...

Sobre este blog de Sociedad

"Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos" Pablo Neruda. ...


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  • 08
    Marzo
    2013

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    Derechos de las mujeres en los márgenes: salud sexual y reproductiva.

    * Extracto de la ponencia en la mesa redonda 'La mujer en tiempos de crisis'  en en Centro para la Igualdad de Santa Lucía de Tirajana el 5 de marzo de 2013.

    Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Tras décadas de avances en nuestra sociedad en los derechos de las mujeres, en la actualidad estos están en crisis: estamos viviendo un de retroceso de nuestros derechos y libertades. Como destaca la campaña de este año acciónenred, “La igualdad es un bien de primera necesidad” y es inseparable del logro de una sociedad más justa y democrática para todos y todas.  En este sentido, los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar políticas que garanticen la igualdad entre la ciudadanía. Es un principio Constitucional básico. Pero las políticas del gobierno del PP caminan en sentido inverso a este principio. Están incrementando la desigualdad, precarizando la vida de muchas personas y suponen un retroceso para la igualdad y la libertad de las mujeres, en un contexto de fuerte restricción de los Servicios Sociales, lo que tiene  un mayor impacto sobre nosotras.

    Pero, además, la llegada del PP al gobierno central está significando un grave retroceso en los derechos a la salud sexual y reproductiva, es decir, a aquellos referidos a la sexualidad y la reproducción.

    Los Derechos Sexuales y Reproductivos han sido reconocidos por la Comunidad Internacional como Derechos Humanos fundamentales en declaraciones, convenciones y pactos de las Naciones Unidas y otros documentos aprobados internacionalmente(1). De esta forma, los Derechos Humanos a la igualdad, integridad, autonomía, libre decisión, educación, información, privacidad, opinión y participación se trasladan y desarrollan en el ámbito de la sexualidad y, también, de la reproducción(2). Se afirma, además, que “los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia” y reconoce que “la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos”(3).

    Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales han de ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. De este modo la salud sexual y reproductiva será el resultado de un contexto que reconoce, respeta y ejerce los derechos sexuales y reproductivos.

    ¿Cómo se concretan estos derechos?(4)

    • Educación sexual integrada en el currículo
    • Servicios adecuados y suficientes de atención a la salud sexual y reproductiva
    • Servicios específicos para jóvenes y personas con necesidades que requieren una atención específica (personas con discapacidad, LGTB, en situación de drogodependencia, con VIH-SIDA, inmigradas, en situación de exclusión, en instituciones, etc.)
    • Disponibilidad de los métodos anticonceptivos
    • Disponibilidad de la anticoncepción de urgencia (píldora postcoital o del día después)
    •  Servicios de atención y prevención de ITG y VIH-SIDA
    • Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
    • Derechos de las personas Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
    • Apoyo a la maternidad y paternidad deseadas.

    En las últimas décadas hemos vivido e impulsado cambios en la dirección de la garantía de estos derechos, aunque todavía con muchos déficit. Sin haber alcanzado niveles óptimos, en este camino, nos sobreviene la situación actual con medidas que nos colocan en una involución peligrosa:

    •  Ley Wert (LOMCE) todavía no aprobada pero que viene anunciado, entre otras medidas, la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la obligatoriedad de la asignatura de Religión y financiación de la segregación por sexos en “la concertada”.
    • Recortes en políticas sociales, sanitarias y de igualdad entre mujeres y hombres que merman los recursos de atención específicos a la sexualidad tanto como desde lo público como desde el Tercer Sector, ya que no olvidemos que muchos de los servicios específicos vienen siendo impulsados por ONG.
    •  La píldora postcoital. El gobierno ha anunciado su revisión y antes de la pronunciación de la Comisión nombrada para este fin, anuncia que volverá a expedirse con receta lo que limita el acceso a la misma(5) y nos exponemos de nuevo a las arbitrariedades anteriores como la objeción de profesionales sanitarios no regulada.
    • Plan Nacional de Sida en entre dicho con una reducción de presupuesto del 50% que será destinado a ONG de carácter estatal. Un importante retroceso que traerá consecuencias en el futuro como afirman representantes de ONG “se pondría en riesgo los avances obtenidos durante tres décadas en ámbitos como la prevención, la detección precoz de nuevos casos y la atención a las personas con VIH que aún experimentan diariamente discriminación por el estigma asociado a su enfermedad'(6)
    • Personas que se están viendo excluidas de la atención sanitaria. El 20 de Abril se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del Sistema Nacional de Salud introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este cambio nos afecta a todos pero especialmente a las personas inmigrantes extracomunitarias sin autorización de residencia ya que las excluye del derecho a la asistencia sanitaria y, por tanto, también a la asistencia a la salud sexual y reproductiva (sólo queda protegida la maternidad, los riesgos durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia materna). Nos preocupan especialmente las mujeres que quieran abortar (las extranjeras suponen el 40% de los abortos).

     

    La interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

    Desde el inicio del 2012 venimos asistiendo a un goteo de noticias sobre el cambio de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

    • Anuncio de reforma para que las menores no aborten sin permiso paterno.
    • Medidas para favorecer que sigan adelante con el embarazo (“violencia estructural”
    • Píldora del día después con receta médica.
    • IVE fuera de la cartera de servicios: no gratuita.
    • Vuelta a la ley de supuestos
    • Malformación fetal no será un supuesto para abortar.

    Aunque todavía no se han concretado las medidas,  el Ministro de Justicia ha reiterado un discurso en el que aboga porque la maternidad sea el destino obligado y central de todas las mujeres, al margen de su decisión, y en el que anuncia la derogación de la LO 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para volver a una despenalización parcial del delito de aborto en la que ni siquiera se va a contemplar la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso de malformación del feto. Además, tienen un Comité de Bioética a medida para respaldar la reforma. 

    Las medidas anunciadas por el PP amenazan con retroceder a la situación anterior (incluso empeorada). Durante la vigencia de la ley del año 85 que supuso menor capacidad de decisión para las mujeres en un terreno tan vital como lo es la maternidad, mayores riesgos para su salud física y psíquica, mayor inseguridad jurídica para ellas y para los profesionales que practicaban las interrupciones de embarazos. Por todo ello, hay que evitar ese retroceso. Pero es que además en la actualidad ya se están poniendo trabas al ejercicio del derecho a interrumpir el embarazo así como a las demás prestaciones de la ley vigente: recorte de recursos económicos destinados a garantizarlo, información difusa y el procedimiento no es claro. De hecho pocas personas saben qué hay que hacer si se quiere interrumpir el embarazo(7) especialmente las jóvenes.

    Si queremos reducir las IVE hay que caminar  en la dirección de reducir los embarazos que no se desean. Para ello, la apuesta prioritaria es la educación sexual “con mayúsculas” y la articulación de servicios para la atención a sexualidad de la población. De hecho, las tasas de aborto de un país la explican diversas razones, entre las que tiene mucho que ver la educación sexual. Aún así se seguirán produciendo embarazos que no se desean por lo que hay que regular la interrupción voluntaria del mismo de manera que se asegure la autonomía y la salud de las mujeres.

    Como revela un estudio reciente de la OMS y del Instituto Guttmacher(8) si un Gobierno quiere reducir la tasa de abortos y el riesgo para las mujeres en edad reproductiva, no debería ni prohibirlos ni restringir demasiado los supuestos en los que se permite: la tasa de abortos es menor en los países con leyes más permisivas y son más numerosos donde la intervención es ilegal o está muy limitada a pesar de que para ello las mujeres tienen que recurrir a clínicas clandestinas poniendo en peligro su salud o viajar a otros países (esto para las que se lo pueden permitir). En Holanda, donde el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación y sin condiciones, la tasa es la más baja de Europa. Allá donde se legisla a favor del aborto no se busca incrementar el número de interrupciones del embarazo, sino garantizar las condiciones sanitarias en las que se realizan. Y son justamente estos países los que acompañan estas medidas de una sólida red de atención a la sexualidad y de educación sexual. Pero qué casualidad que en el estado español, son los sectores anti-elección son los que precisamente también se posicionan en contra de la educación sexual.

    Desde mi punto de vista,  la hoja de ruta a seguir contemplaría políticas orientadas a la educación y atención a la sexualidad, y una normativa que regulase el derecho de las mujeres a decidir, poniendo en primer termino su autonomía y la protección de su salud.

    Ante la envergadura de los retos que tenemos en este difícil contexto, se requiere más que nunca una ciudadanía activa, responsable y movilizada. Así que este 8 de marzo no podemos más que decir bien alto ¡Ni un paso atrás en derechos y libertades de las mujeres!.

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    Notas

    (1)  Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) ver carta en www.fpfe.org y video.

    (2)  Destacamos la Conferencia de Población y Desarrollo, el Cairo, de 1994 y la Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, de 1995. A partir de 1996, la política de la Unión Europea en salud sexual y reproductiva, se enmarca en los principios adoptados formalmente en el Plan de Acción sobre Población y Desarrollo de El Cairo. A través de la resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos, realizando recomendaciones a los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación sexual. Estos documentos han sido ratificados por el Estado español.

    (3)  IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas Beijing.

    (4)  Isabel Serrano, “Derechos sexuales y reproductivos: otro gran retroceso”, Revista Trabajadora, marzo 2013, p. 11-12

    (5)  Hay que tener en cuenta que incluso ahora tienen limitaciones de acceso: por el precio y la objeción no regulada de algunos farmacéuticos. En otras CCAA se regula el acceso gratuito, en Canarias no.

    (6) http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/05/actualidad/1325770331_742509.html

    (7)  En Canarias hay que dirigirse a la Dirección de Área de Salud para solicitar la prestación http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=bb3dd4c8-85c4-11df-b998-6ff93f31e00f&idCarpeta=f15423c8-a748-11dd-b574-dd4e320f085c

    (8)  A leyes más restrictivas, más abortos. El País 20/1/2012

     

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