La retirada de las Cortes de la propuesta de reforma del Estatuto va a marcar un hito en la historia de la España autonómica. Tras el fracaso en las negociaciones entre PSOE, PP y CC se dará el insólito hecho en el periodo democrático de que una iniciativa de este tipo no alcance su objetivo final por falta de acuerdo tras haber pasado el gran debate inicial de su toma en consideración. Otra propuesta estatutaria, la del País Vasco que se popularizó como Plan Ibarretxe, también tomó su camino de vuelta al Parlamento de origen, pero en ese caso fue por el rechazo que expresó el pleno de la Cámara Baja en el debate inicial.

La propuesta canaria llegó al Congreso en septiembre de 2006. Para entonces, el Parlamento estatal, además de rechazar el Plan Ibarretxe en febrero de 2005, ya había aprobado las reformas de los estatutos de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. En tramitación se encontraba en ese momento el nuevo texto de Andalucía y se mantenían en espera de debate los de Baleares y Aragón. Todos ellos, salvo el de Cataluña, tenían ya en ese momento un acuerdo básico entre los dos grandes partidos, PSOE y PP.

Tras la gran convulsión política que produjo el Estatuto de Cataluña, que se acabó aprobando con el rechazo del PP, los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, decidieron que no forzarían ninguna aprobación estatutaria más si no era con el apoyo de los conservadores. Éstos, por su lado, decidieron sumarse a esos procesos de reforma en todas las regiones donde sus respectivos gobiernos los plantearon.

Una vez superado el escollo que planteó el Estatuto andaluz, PSOE y PP no tuvieron mayores dificultades en pactar todos los demás, incluidos los que más tarde llegarían al Congreso, el de Castilla y León y el de Castilla-La Mancha. El primero avanzará en su tramitación tras la retirada del canario, mientras el segundo va a congelarse hasta después de las elecciones generales pero sin necesidad de que la propuesta tenga que regresar a su parlamento de origen.