La historia de la privatización de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife se resume en 22 días. En ese tiempo, transcurrido entre el 1 y el 22 de julio de 2005, el Ayuntamiento presidido por Miguel Zerolo adoptó todas las decisiones importantes que propiciaron que una empresa que dio un beneficio de 438.000 euros en su último ejercicio de gestión pública fuera puesta en manos privadas, y ahora la policía investiga si eso tiene que ver con comisiones ilegales.

Pero los inicios del expediente municipal datan del año 2000, cuando tras una moción presentada por el propio alcalde, posteriormente se dicta un decreto para iniciar un expediente encaminado al cambio de gestión de la empresa. Esos inicios, sin embargo, fueron muy titubeantes, porque apenas se encargó una valoración de la empresa y un informe sobre las posibilidades de gestión que ofrecería Emmasa en un futuro.

Tras eso, el expediente vivió el sueño de los justos hasta el 1 de julio de 2005, en el que se encarga la elaboración de una memoria a los técnicos municipales Javier López de Vergara y Luis Fernández Prieto-González. Dicha memoria, un documento complejo dentro de cualquier expediente administrativo, está lista en una semana y todo preparado para que el 18 de julio de 2005 se reúna una comisión técnica formada por las comisiones de Economía y Hacienda y Comisión de Servicios Públicos, reunión ésta que estaba en caminada a votar a favor de la privatización de Emmasa. Sin embargo, en dicha reunión el interventor municipal, Miguel Ángel Rojo García, pone sobre la mesa el que sería único problema del expediente: un informe en el que se advierte de los problemas legales que tendría la venta de acciones de Emmasa y la recomendación de proceder a una ampliación de capital.

Las palabras del interventor en la comisión técnica generan una controversia en la reunión y un inconveniente que se solventa con la unión de CC y PP para votar a favor de la privatización, haciendo valer la mayoría, de la que entonces formaba parte quien hoy es uno de los imputado en el caso Las Teresitas y a su vez concejal de urbanismo del municipio, Manuel Parejo Alfonso. Los demás grupos se negaron a votar "por no tener acceso al expediente completo", mientras que el informe del interventor se redacta con la misma fecha en que se celebró el pleno, 18 de julio de 2005. Pero el problema fue solventado con rapidez, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife encargó un contrainforme que dudaba de la opinión del interventor y daba vía libre a la privatización.

Ese informe se redactó sólo dos días después, el 20 de julio de 2005, y contó con el visto bueno del secretario municipal, José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala, otro de los imputados más tarde en el caso Las Teresitas y cuya rúbrica al informe resultó clave para culminar con éxito el proceso de cambio de gestión de Emmasa.

Una vez allanado el camino, cuarenta y ocho horas más tarde el pleno del Ayuntamiento santacrucero, con Zerolo a la cabeza, aprobaba la privatización de la empresa pública más rentable que tenía el municipio.