El presidente de Nueva Canarias y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Román Rodríguez, reclamó ayer al Gobierno canario que en el anteproyecto de Ley de reforma de las Directrices mantenga como mínimo el número actual de camas de alta calidad por año, repartidas entre las cuatro islas turísticas (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura), pero planteó que sean los plenos de los cabildos insulares los que decidan el reparto de la nuevas plazas turísticas.

Rodríguez, que presidía del Gobierno canario cuando se elaboró la Ley de moratoria vigente, dijo que NC rechaza que se elimine la figura del Parlamento canario como legislador y defiende que la Cámara regional siga definiendo ritmo y calidad del crecimiento.

También el presidente de NC expresó su conformidad con el conjunto de las modificaciones destinadas a simplificar las exigencias para que en suelo rústico se puedan realizar actividades agropecuarias e industriales y se pueda destinar suelo para equipamientos sociales.

Sin embargo, puntualizó que hay un aspecto relevante que no ha tenido en cuenta el Gobierno canario que es el desbloqueo de los planes de ordenación municipales, pues son fundamentales para dinamizar la economía.

Román Rodríguez manifestó que el documento de las Directrices llega "tarde" y con dos años de retraso, y se ha hecho "deprisa y sin consenso" por lo que a juicio de los nacionalistas sólo ayudará a ordenar el territorio si se revisan los contenidos para acelerar el planeamiento y se mantienen las excepciones a la moratoria para permitir que islas como Gran Canaria puedan mejorar la calidad de la oferta turística.

Respecto a los incentivos a la renovación, el presidente de NC comentó que el programa de modernización está "condenado" al fracaso porque vulnera la autonomía de cabildos y ayuntamientos. También calificó de "sorprendente" que no haya medidas para frenar la oferta residencial en las zonas turísticas.