La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha eliminado 63 de los 78 puestos de trabajo con los que contaba inicialmente para atender las solicitudes de ayudas de la Ley de Dependencia, según denunciaron hoy los Comités de Empresa del departamento. Así, se queda con tan sólo 15 trabajadores para afrontar la "avalancha" de solicitudes que se prevén en las dos últimas fases de valoración de peticiones de ayuda a dependientes.

Según denunciaron los componentes de los Comités de Empresa de la Consejería en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, tan sólo en la primera fase, que al parecer cuenta con un año de retraso en su aplicación, se recibieron 15.000 solicitudes de las que se han valorado 11.000, aunque aseguran que sólo 254 personas están cobrando las ayudas actualmente.

La primera fase contempla la valoración de solicitudes de grandes dependientes, cuyo número se podía prever, algo que los trabajadores de la Consejería aseguran es imposible en la segunda y tercera fase de valoración, pero que estiman será "una avalancha enorme". El período de valoración en Canarias tarda de media entre un año y un año y medio, cuando en el resto del territorio nacional está entre los tres y los seis meses, los que les hace prever que se puede poner en juego la aplicación de la Ley.

Se quejan además de que "se han cargado" los equipos de valoración, compuestos por médicos, asistentes sociales, psicólogos y coordinadores y que la plantilla de valoradores inicial, fijada en junio de 2007, era de 64 personas, un 60% de lo que los propios técnicos de la Consejería habían recomendado. Además, "parece que en las Islas periféricas no hay dependientes" ya que dicen que se han eliminado los puestos de trabajo destinados en esas Islas.

No sólo eso, sino que esos 64 puestos de valoradores se fijaron "de forma irregular" a juicio de los representantes de los Comités de Empresa, ya que no se fomentaron contratos en base a las necesidades, sino que se hicieron contratos de obra y servicio.

Al parecer, la respuesta que ha dado la Consejería ante esta reducción de plantilla ha sido la falta de recursos, algo que no se explican los trabajadores, ya que la Ley contempla la financiación conjunta (50% cada uno) entre Estado y Comunidad Autónoma. Además, recuerdan que el Estado dotó de siete millones de euros a Canarias para iniciar la aplicación de la Ley, sin que se sepa en qué se ha invertido ni tampoco el presupuesto destinado a su puesta en marcha.

"Consideramos que éste es un episodio más de la política de improvisación, cuando no de claro entorpecimiento, que el Gobierno de Canarias ha seguido en materia de dependencia desde enero de 2007, año en el debió crear los puestos de trabajo necesarios para la puesta en marcha de esta ley, tal y como la norma prevé", declararon.

En este sentido, muestran su preocupación por que esta actitud se mantenga por razones partidistas, lo que a su juicio sería "de vergüenza", como "de vergüenza" consideran que muchos dependientes hayan tenido que recurrir a la Justicia al no habérseles aplicado sus derechos y recibir una prestación.