El máximo responsable del PP canario, José Manuel Soria, y el ex presidente de esa formación en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, comienzan a mover sus piezas de cara a la elección de delegados majoreros al próximo congreso regional del partido, cónclave que podría albergar una contienda entre el propio Soria y una candidatura alternativa. A pesar de que Arroyo está suspendido de militancia en el partido, ha expresado claramente su voluntad de condicionar a los afiliados de su isla en contra del actual presidente regional y a favor de cualquier candidato que decida hacerle frente en la cita del próximo mes de octubre, por lo que ahora centra su disputa con la gestora que gobierna el PP en Fuerteventura en dilucidar quiénes podrán elegir a los compromisarios del congreso.

El presidente de la gestora, Juan Santana, requirió ayer a González Arroyo para que le entregue el censo de afiliados majoreros que obra en su poder, así como el listado del pago de cuotas, porque sólo podrán votar en la elección de compromisarios al congreso aquellos afiliados que estén al día en sus cuotas. Santana teme que en ambas listas, que Arroyo retiene celosamente, puedan existir irregularidades. "El ex presidente insular dice que el partido tiene 3.000 afiliados en la Isla, pero creemos que incorpora a personas fallecidas y a otras que concurrieron en las pasadas elecciones con otras siglas", explicó. En todo caso, la dirección nacional del PP tiene un censo con los afiliados de toda España con el que cotejar una documentación que Arroyo aún no había entregado en la tarde de ayer.

CUOTAS. El caso del pago de cuotas es más complejo, explicó Santana, por cuanto sólo conoce el verdadero estado de estas cuentas la anterior dirección del PP en Fuerteventura. Si finalmente González Arroyo se niega a hacer públicos estos listados, "habría que recurrir a soluciones excepcionales", que modificaran la habitual dinámica para las elecciones de compromisarios. El presidente de la gestora aún no sabía ayer en qué consistiría esa vía excepcional, pero apuntó que bien se podría permitir votar a todos los afiliados o a los que hubieran satisfecho las últimas cuotas.

Una vez seleccionados los habilitados para elegir compromisarios, la mecánica del partido se impone sin que puedan unos u otros tratar de intervenir, por cuanto los nuevo estatutos tasan que "esta elección se efectuará mediante lista abierta, tomando como circunscripción la que determine la directiva convocante del congreso", en este caso las circunscripciones locales.

La gestora majorera del PP decidió tras los incidentes registrados durante la visita de José Manuel Soria a la Isla, el pasado viernes, donde fue increpado y abucheado por militantes y cargos públicos, la disolución de los distintos comité locales que venían funcionando en los diversos municipios de Fuerteventura y nombrar comisiones gestoras. La gran novedad en los nombramientos se centra en la figura de Juan de Saá para el municipio de Tuineje, no en vano es uno de los militantes históricos del PP en aquel municipio sureño y persona de prestigio en el mundo empresarial y en el sector primario. El resto de nombramientos recayeron en Marcelino Umpiérrez (La Oliva ), Carlos Figueroa (Puerto del Rosario), Victoria Cerdeña (Antigua), Santiago Cabrera (Pájara), Ignacio Gordillo (Betancuria) y Martín Fernández (Nuevas Generaciones).

LEGALIDAD. Juan Santana aseguró que la disolución de los comités locales "se ajusta a lo que establecen nuestros estatutos y por tanto hemos actuado acorde a la legalidad por la que se rige nuestro partido y con las competencias que han sido otorgadas a la comisión transitoria de gobierno del PP en la Isla".

Domingo González Arroyo aprobó el pasado 28 de marzo la disolución de cuatro comités locales de los seis que existen en Fuerteventura: La Oliva, Pájara, Antigua y Puerto del Rosario, donde se concentra el 90 por ciento de los afiliados del Partido Popular, y nombró al frente de los mismos a personas de su única confianza. El objetivo no era otro que controlar los compromisarios para el próximo congreso insular. Aquí se concentran las disputas entre Arroyo y el sector del presidente Soria, aunque la destitución de este último como presidente insular y su suspensión de militancia han variado sustancialmente el panorama entre ambos.