El 'plan B' de Juan Fernando

López Aguilar no estuvo al principio de acuerdo con esa decisión. Era uno de los ministros mejor valorados del Gobierno, y volver a hacer política en Canarias no le interesaba demasiado. Durante meses forcejeó para evitar su nombramiento, y después, cuando comprendió que la decisión de Zapatero era firme, intentó retrasar su incorporación a la campaña. Cuando asumió la candidatura, hacía meses que venía recibiendo furibundas acusaciones de instrumentalizar a los jueces y a la policía contra Coalición Canaria desde el Ministerio de Justicia.

En realidad, el anuncio de su candidatura había coincidido con la etapa de eclosión pública de los escándalos que sacudieron al PP en Gran Canaria y a Coalición en Tenerife. El caso Eólico, Telde, el caso Góndola, Las Teresitas, Arona o el caso Fórum habían logrado envenenar la situación política en Canarias. Los escándalos tinerfeños, investigados directamente por la fiscalía, algunos a propuesta del PSOE, habían deteriorado la entente entre los socialistas y Coalición largamente trabajada por Juan Carlos Alemán y Adán Martín, y que debería haber puesto fin a diez años de ostracismo político del socialismo en Canarias.

López Aguilar interpretó correctamente el rechazo de los electores socialistas a la política contemporizadora de Juan Carlos Alemán, apretó en la denuncia de los desmanes acumulados en años de Gobierno ininterrumpido y con un lenguaje agresivo y potente, logró colocar su candidatura en una posición cercana a la mayoría social. Pero ganar en Canarias con mayoría absoluta es imposible: no lo permiten las normas electorales, aprobadas por la UCD canaria en 1982 con el objetivo de perpetuar gobiernos conservadores, y esa situación se agravó además con las reformas que incorporaron topes electorales leoninos.

López Aguilar supo siempre que rozaría la mayoría sin alcanzarla. Llegó a creer que tendría 28 ó 29 diputados, y que con dos o tres escindidos de otros partidos podría gobernar. Su plan B para el día después de las elecciones era contar con distintas opciones: la preferida, sin duda, un acuerdo con Nueva Canarias, de Román Rodríguez.

Pero era difícil que Nueva Canarias superara los topes. Podía lograrlo el PIL de Dimas Martín, a quien López Aguilar trató con singular miramiento, y al que desde el PSOE -con quien hoy gobierna el PIL en Lanzarote- se prometió resolverle sus problemas con la justicia y concederle el indulto. Ésa es otra historia que algún día habrá que contar?

La que toca hoy es cómo López Aguilar fue convencido por Blas Acosta de que contaría con tres diputados del Marqués para llegar a la Presidencia, cómo Soria lo impidió nombrando él a los candidatos al Parlamento por el PP de Fuerteventura, y cómo Blas Acosta hizo creer a López Aguilar, incluso entonces, que un acuerdo en el Cabildo entre el PSOE y el Marqués dinamitaría cualquier posibilidad de pacto de centroderecha en Canarias. Y no iba muy desencaminado.

Acosta, el socio socialista del Marqués en el pacto de la avioneta, había ganado su propia pelea por las listas. En el último minuto, contra el criterio de la organización socialista majorera, Juan Fernando López Aguilar desplazó a Domingo Fuentes -vicepresidente de la corporación y artífice del pacto de progreso en Fuerteventura- de la lista del Cabildo a la del Parlamento y colocó a Blas Acosta en la mejor posición para negociar un nuevo acuerdo en el Cabildo.

Domingo Fuentes, sacudido por una decisión que consideraba injusta y arbitraria, dio incluso una rueda de prensa criticando -pero acatando- la decisión de López Aguilar. Disciplinado, como siempre, ya intuía que colocar a Blas Acosta en su puesto era la pieza clave del plan B elaborado en el despacho del ministro de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid.

Las elecciones de 2007 fueron en Fuerteventura las más a cara de perro de la historia. Pero no sólo por lo que se jugaba en ellas, sino por el nivel de conflicto y tensión en el PSOE, más disimulado, y en el PP, donde se vivieron situaciones verdaderamente absurdas: Domingo González Arroyo, presidente conservador en la isla, no sólo no participó en ninguno de los mítines y actos de su partido al Parlamento, sino que incluso organizó toda una sistemática para que la candidatura encabezada por Águeda Montelongo se estrellara en las urnas.

Por desgracia para el Marqués, esta vez no pudo contar con José Juan Cazorla Hernández, ex alcalde de Antigua y experto en pucherazos: antes de las elecciones había sido condenado por cohecho y se retiró de la vida política. Ahora anda construyendo en Cabo Verde.

El Marqués tuvo que contar con su propia estructura. Su hijo Vicente fue el responsable del voto por correo: dijo haber logrado cambiar hasta 500 votos, pero a todo el mundo -incluso a su padre- le pareció un poco excesivo el dato. Lo cierto es que el PP -aún bajo la presidencia del Marqués- no repartió en toda la isla un solo voto de la candidatura al Parlamento, ni pegó un solo cartel. Y en algunos sitios -en La Oliva, por ejemplo, donde el control del Marqués sobre el PP es absoluto- los sobres electorales iban con las papeletas del PP al Ayuntamiento y al Cabildo, y las del PSOE al Parlamento.

En La Oliva el PSOE sumó 800 votos para el Ayuntamiento y más de 1.500 para el Parlamento. No fue el famoso efecto Juan Fernando. No ocurrió nada parecido en el resto de la Isla. Aunque el Marqués también logró afectar al voto parlamentario al PP en todos los demás municipios de la isla, especialmente en Tuineje, donde el comité local siempre ha sido de la cuerda de González Arroyo.

Para evitar el desastre, el equipo de Águeda Montelongo, con la ayuda de Juan Santana, se trajo a más de veinte jóvenes activistas de Nuevas Generaciones para repartir las papeletas al Parlamento. En La Oliva, los jóvenes que hacían el puerta a puerta electoral fueron recibidos en algunas casas con insultos.

Pero la noche de las elecciones deparó una extraña sorpresa. Todo hacía prever el batacazo de la candidatura de Águeda Montelongo y que tras los resultados, el Marqués y el PSOE podrían sumar lo suficiente para ganar el Cabildo y desplazar a Asamblea Majorera, provocando con ello la imposibilidad de un acuerdo entre el PP y Coalición en Canarias. Ése era el objetivo de González Arroyo, y la apuesta era que iba a lograrlo.

Esa noche, tras el recuento, supo que la operación cuidadosamente pactada con Blas Acosta no saldría. El PP perdió votos al Parlamento -los que el Marqués consiguió entregar al PSOE- y sólo obtuvo dos diputados, uno menos que cuatro años atrás, con la candidatura encabezada por González Arroyo. Pero Asamblea Majorera sumó diez consejeros en el Cabildo, y sólo necesitaba uno más para gobernar. ¿Dónde encontrarlo? Estaba en la propia candidatura del Marqués al Cabildo, en la que entró -como rezagada número 5- Águeda Montelongo.

La presencia de Águeda en el Cabildo garantizaba a Soria lo que necesitaba para poder cerrar el acuerdo con Coalición en Canarias: entregarle el Cabildo a Asamblea y mantener en la presidencia al hombre fuerte de la isla, Mario Cabrera.

Apenas una semana después de las elecciones, Soria y Rivero anunciaron la reedición del pacto entre sus partidos en todo el Archipiélago. También en La Oliva y en el Cabildo majorero, donde Cabrera aceptó el acuerdo global con el PP.

Se había sentido cómodo con Fuentes Curbelo en los cuatro años que duró el pacto de progreso. Pero prefería entenderse con Águeda Montelongo a tener que hacerlo con Blas Acosta.

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