El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, advirtió ayer que el Gobierno canario no podrá aumentar la inversión pública en 2009 por encima del 3% debido a la importante disminución de la recaudación por la crisis económica, el incremento que tendrá los gastos de personal para el próximo año y el compromiso adquirido por el Ejecutivo de no reducir el gasto en servicios sociales, Sanidad y Educación. Soria entiende la petición de los empresarios de que se incremente la inversión pública para que tire de la economía ante el actual escenario de atonía por parte de la inversión privada. Sin embargo, el titular de Economía señaló que el máximo aumento que puede realizar la Comunidad Autónoma en los capítulos VI y VII de los presupuestos de 2009 es entre el 2,8 y el 3% y en función de un importante recorte de los gastos corrientes, que pueden llegar a reducirse en un 40%.

Soria explicó que el incremento del capítulo I (personal) viene derivado de las subidas salariales por el aumento del IPC y de los acuerdos adquiridos por el Gobierno con los sindicatos que representan a los funcionarios. Por ello, el vicepresidente del Ejecutivo dijo que un mayor aumento de la inversión pública supondría recortar el gasto social, cosa que no hará el Gobierno porque es un "compromiso" adquirido por el pacto entre nacionalistas y populares.

El titular de Economía y Hacienda indicó que la única manera de incrementar la inversión pública es que el Estado cumpla el REF e iguale la inversión media estatal en las Islas. Este incumplimiento está suponiendo una merma de 400 millones de euros lo que, para el vicepresidente, serviría para impulsar la economía. En este sentido, Soria recordó que las negociaciones entabladas por el Gobierno central con las comunidades autónomas para fijar un nuevo modelo de financiación autonómica pasan porque Canarias reciba los fondos que ha dejado de percibir como consecuencia del incremento de la población (500 millones), las devoluciones indebidas del IGIC al Estado (300 millones) y la disminución de la inversión estatal (400 millones). Según Soria, aunque Canarias no se opone a las reuniones bilaterales entre el Ministerio y las autonomías, el acuerdo definitivo de financiación debe ser multilateral para que no se beneficien a unas comunidades más que a otras.