El proyecto de Anfi Tauro ha estado envuelto desde el principio en problemas urbanísticos, territoriales, legales y jurídicos que han complicado su desarrollo desde su origen en 1997. Cuando la actuación impulsada por Bjorn Lyng en los barrancos de Tauro y El Lechugal se acogió a la declaración de interés general auspiciada por la anterior moratoria turística, un informe técnico elaborado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario resultó demoledor en contra del proyecto por no cumplir lo establecido en las Directrices. Este informe fue la continuación de dos documentos previos elaborados por los técnicos del Servicio de Planeamiento y del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria en los que también se pusieron algunos reparos, aunque la Corporación presidida por José Manuel Soria aprobó el proyecto sin cambios. Por su parte, el Gobierno regional sólo estimó parcialmente el contenido de los informes y la tramitación continuó adelante hasta su aprobación por el Parlamento.
El informe técnico de la Consejería de Medio Ambiente fue elaborado por el entonces jefe de servicio de Ordenación Territorial, Faustino García Márquez, uno de los padres de las Directrices de 2003 y en la actualidad director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, organismo adscrito a la Presidencia del Gobierno. García Márquez concluyó en su análisis del proyecto que Anfi Tauro no reunía los requisitos de excepcionalidad establecidos por las Directrices para acogerse a la declaración de interés general.
Los defectos territoriales hacen referencia a que el plan territorial de la zona se encuentra suspendido y cuestionado por los tribunales, lo que supone que el proyecto carezca de un planeamiento adecuado. En este sentido, la Justicia ha dictaminado sobre el Plan Insular, las Normas Subsidiarias de Mogán y el Plan Parcial mediante recursos interpuestos por varios colectivos, de hecho tanto las Normas Subsidiarias como el Plan Parcial están pendientes del Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) fallara en contra de los mismos. El Plan Insular fue anulado por el mismo tribunal en 1998 mientras que el documento aprobado en 2003 por el Cabildo presidido por Soria está recurrido por los ecologistas al considerar que Anfi Tauro no se ajusta a la legalidad.
Las pegas del informe técnico hacen referencia también a cuestiones medioambientales, capacidad de ocupación del territorio y número de camas. García Márquez informó desfavorablemente sobre la declaración de interés general, aunque, en el caso de que no fuera estimada esta recomendación, aclara que el proyecto debía ser subsanado en profundidad, corregir sus importantes errores y contradicciones y adecuarse al cumplimiento de los deberes urbanísticos en cuanto a las etapas para la ejecución del mismo.
