Una sociedad limitada constituida en Lanzarote prepara la presentación de 300 demandas contra otras tantas licencias urba- nísticas concedidas en los municipios de Yaiza y Teguise entre los años 1998 y 2008. Los instigadores de este pleito masivo son empresarios afectados a su vez por litigios emprendidos por el Cabildo de Lanzarote contra licencias concedidas en el marco del Plan Parcial Playa Blanca. Su iniciativa pretende llevar a los juzgados centenares de licencias urbanísticas que el propio Cabildo señaló en su día como viciadas por irregularidades graves, pero que sin embargo no fueron impugnadas por la corporación en los tribunales.
La sociedad se llama Ledesdorfe S.L. y tras ella se sitúan empresarios perjudicados por los litigios iniciados por el Cabildo lanzaroteño contra licencias hoteleras y residenciales en la zona citada, muchas de las cuales han sido anuladas por los tribunales. Los promotores de esta demanda masiva no entien- den por qué el Cabildo de Lanzarote aplicó "criterios selectivos de impugnación", según consta en documentos oficiales, para cuestionar ante la Justicia sólo 27 de las más de cuatrocientas licencias que, según la propia corporación, adolecían de "infracciones urbanísticas graves".
Los promotores de Ledesdorfe, que estarán representados por el bufete de abogados Díaz de Aguilar, no entienden por qué se produjo esa desigualdad en el trato y aseguran que entre las licencias que se salvaron de la impugnación oficial figuran varias tras las cuales se sitúan "personas físicas y jurídicas con relevancia social en la isla", como empresarios o profesionales de gran renombre dentro y fuera de Lanzarote e incluso de Canarias.
Resaltan que, además de esquivar la vía judicial de impugnación, tampoco consta que el Cabildo denunciara las licencias teóricamente ilegales ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente de la Comunidad Autónoma, pese a que esa vía fue expresamente sugerida por los técnicos de la corporación.
Entre tanto, fuentes del Cabildo lanzaroteño entienden que quienes cuestionan el criterio de impugnación selectiva sólo pretenden enmarañar la situación y tratar de buscar luego un acuerdo con las instituciones que suponga amnistiar las construcciones hoteleras y residenciales sobre las que han caído sentencias en contra en la zona de Playa Blanca.
