Los empresarios vinculados a la alimentación, sindicatos, consumidores y ONG dudan de la eficacia y alertan sobre los riesgos para la salud que supone la medida que está impulsando el Gobierno canario para hacer llegar a las familias más necesitadas aquellos alimentos que desechan los supermercados por estar próximos a caducar.

Los operadores comerciales han acogido con cautela la intención del Ejecutivo porque se puede malinterpretar y perjudicaría al consumo. Los empresarios y operadores critican que se politice un asunto que ya funciona desde hace años a través de acuerdos directos entre empresas y ONG, lo que supone una "burla". Entre las ONG, Cáritas, que reconoce estar "alarmada", ya ha advertido que el Gobierno no puede contar con ellos porque cuentan con su propio método de trabajo y no tienen la capacidad para asumir una medida de este tipo, además de los tintes políticos que tiene.

Además de los operadores comerciales, el Gobierno también se ha puesto en contacto con los industriales y éstos creen fundamental saber cómo se va a gestionar esta iniciativa para evitar costes y problemas añadidos que los empresarios no están dispuestos a asumir. Los importadores ya han adelantado su rechazo a una medida como esta porque se puede entrar en una "dinámica peligrosa" ante los perjuicios que puede suponer para la salud pública la distribución de alimentos a punto de caducar, responsabilidad que los operadores no asumen.

Tanto los empresarios como los sindicatos rechazan que una iniciativa de este tipo se pueda considerar una medida económica para paliar la crisis, como dice el Ejecutivo. Comisiones Obreras cree "disparatado" que el Gobierno se dedique a suplir a la beneficencia y no adopte medidas serias contra la crisis pactadas con los agentes económicos y sociales. "Quieren dar la sensación de que se está haciendo mucho pero al final no hay concreción, mientras la situación es cada vez más alarmante", aseguran los representantes sindicales.

Las asociaciones de consumidores consideran "sorprendente" que el Gobierno publicite una medida de estas características. La Unión de Consumidores quiere saber de quién sería la responsabilidad en el caso de que haya problemas de salud por el consumo de productos caducados ya que la ley es muy rigurosa.