M.P.P.
Los cabildos insulares advirtieron ayer al Gobierno canario que su situación económica actual no les permite mantener en solitario los servicios de atención a los menores y tampoco afrontar el coste de las residencias de mayores. Los consejeros de Asuntos Sociales de los siete cabildos decidieron iniciar una "ofensiva" a la Consejería de Hacienda del Gobierno autónomo a fin de obtener los recursos que debe aportar el Ejecutivo para estos servicios.
Pedro Quevedo, consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo grancanario, cifró en siete millones de euros la partida que le adeuda el Gobierno canario a esta corporación por la atención a los 550 menores en desamparo, y reclamó otros cinco millones para afrontar l as nuevas plazas de atención a los mayores.
Por su parte, Cristina Valido, consejera de Asuntos Sociales en el Cabildo de Tenerife, que estimó que las partidas que reclama esta corporación pueden ser similares a las de Gran Canaria, señaló que hasta ahora han podido cofinanciar muchos servicios pero el recorte en las partidas que reciben del REF, que son sus únicos ingresos, les impiden continuar asumiendo la atención a menores y mayores.
Quevedo explicó además, que desde 2002 no se revisan los precios de los servicios que dan los cabildos, y en el caso de menores por una plaza perciben 50 euros por día cuando el coste real es de 80 euros o más en islas menores. "Al final todo esto lo paga quien está más cerca del ciudadano", sentenció el consejero.
Los cabildos acordaron también pedir la ampliación del plazo para hacer alegaciones al anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que se garantice la segunda fase del Plan de Mayores y participar en la reunión entre Gobierno y Fecam sobre atención a menores.