El Estado y los sindicatos sanitarios acusan al Gobierno canario de crear "alarma social"

JESÚS MONTESDEOCA La Delegación del Gobierno central en las Islas, los sindicatos y los grupos políticos de la oposición acusaron ayer al Ejecutivo regional de crear "alarma social" entre la población más desfavorecida al amenazar con cobrar los servicios médicos a los parados que no tengan en regla su tarjeta sanitaria, cuando, a su juicio, debe ser el propio Servicio Canario de Salud (SCS) el que realice esos trámites administrativos.

La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y el subdelegado en la provincia de Las Palmas, Vicente Oliva, consideraron que se ha generado "una alarma y una confusión" innecesarias. Igualmente, representantes de los sindicatos CC OO e Intersindical Canaria, y de las fuerza políticas PSC y NC recordaron que la asistencia sanitaria universal y gratuita es un derecho consagrado en España desde hace más de veinte años, en concreto en el primer artículo de la Ley General de Sanidad de 1986. Tras mostrar su "sorpresa" o "estupefacción" por el anuncio del portavoz Martín Marrero, coincidieron en que "es disparatado" facturar los servicios médicos precisamente a los parados que han dejado de cobrar las prestaciones por desempleo.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aseguró en una nota que los desempleados sin recursos económicos tienen cobertura sanitaria. "Cualquier persona a la que se le haya extinguido el subsidio por desempleo podrá solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria ante su Centro de Salud, que, en coordinación con el INSS, verificará los requisitos para acceder a esta prestación", apuntó.

AVALANCHA. El INSS negó que el Gobierno canario que le haya solicitado su colaboración en la campaña para que los parados regularicen su tarjeta sanitaria. Por contra, el anuncio del portavoz Marrero sí generó ayer una avalancha de llamadas a los teléfonos de información del INSS.

Carmelo Jorge, secretario regional de área de sanidad de CC OO, dijo que la advertencia del Gobierno canario a los parados es "una cruel insensibilidad" y consideró que "el colmo del disparate sería poner a los funcionarios del SCS a hacer facturas que nunca se van a cobrar". Jorge cuestionó la propia campaña informativa del Gobierno, pues los posibles problemas administrativos deben ser resueltos entre el SCS y el INSS, "sin molestar los ciudadanos". "Los parados tienen que buscar trabajo, no rellenar papeles", comentó el dirigente sindical.

"Si algún ciudadano en paro recibe una factura por los servicios sanitarios, lo que tiene que hacer es llevársela a Paulino Rivero para que la pague él". Así de contundente se mostró el actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Román Rodríguez, que era el director general del SCS cuando se pusieron en marcha esos servicios. "Este Gobierno crea problemas donde no los hay", dijo.