Los municipios no pueden hacer frente a la carga social sobrevenida por la crisis

SALVADOR LACHICA Los Ayuntamientos se quejan de que no pueden hacer frente por más tiempo a la carga social sobrevenida con la crisis económica. Los municipios de todos los colores políticos, reunidos ayer por la Fecam en Tenerife, afirman que la demanda de ayuda social se ha triplicado y que ni el Gobierno regional ni los cabildos apoyan como deberían. Hay matices en las críticas según se trate de ayuntamientos gobernados por el Pacto (CC-PP) o la oposición (PSC), pero en todos late la misma queja.

De entrada, el Ejecutivo canario ya ha hecho saber que no incrementará hasta el año 2011 la ficha financiera del llamado Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, con lo que los cabildos, y sobre todo los ayuntamientos -que son los que hacen frente a la demanda directa-, no dispondrán de dinero suficiente para afrontar las necesidades de estos servicios, según datos de la Federación de Municipios. A ello se añade que se han reducido los ingresos ordinarios vía REF.

Así lo dijo ayer el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam y alcalde de La Victoria (Tenerife), Manuel Correa, tras la primera jornada celebrada junto al Ejecutivo y los cabildos en la que, paradójicamente, se buscaba diseñar el nuevo modelo de servicios sociales en Canarias.

Al respecto, Correa aseguró que la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, dijo a los representantes municipales que "no se revisará hasta el año 2011 ni la ficha ni los criterios de reparto" del Fondo, "pero ni siquiera actualizando el IPC", por lo que los ayuntamientos "cada vez tendremos menos dinero" para otorgar ayudas de emergencia sociales a las familias afectadas por la crisis.

Varios responsables municipales de Asuntos Sociales criticaron el hecho de que el Ejecutivo regional "se lave las manos" hasta el momento en que, según los expertos, "se empiece a salir de la crisis, y curiosamente en año electoral", lo que a su juicio demuestra el "desinterés del Gobierno de Paulino Rivero por profundizar en la coordinación con el resto de administraciones para ayudar a los que más lo necesitan".

Según Correa, en estos momentos los municipios "hemos asumido el 80 por ciento del Plan Concertado", pese a que solamente les correspondería financiar el 33 por ciento, puesto que el Ejecutivo regional no aumenta la financiación y, a su vez, los cabildos no asumen la totalidad de los compromisos por falta del dinero gubernamental. Esta situación traslada "todo el esfuerzo a los ayuntamientos", que deben asumir un sobrecoste cercano al 50 por ciento y "que no va a ser compensado" por el Ejecutivo regional.

"Lo que hemos oído por parte del Gobierno es lo que venimos escuchando desde hace 20 años: buena voluntad, pero ninguna novedad ni medidas concretas" para afrontar "una situación que en algunos municipios es ya alarmante" debido al incremento de las ayudas de emergencia social, centradas principalmente en la alimentación y en la atención a menores de familias en riesgo de pobreza.