El Ejecutivo avisa a los ayuntamientos de que no habrá más fondos para servicios sociales

J.M.N. El Gobierno de Canarias "comparte la preocupación" de los ayuntamientos isleños ante la falta de recursos para atender los servicios sociales, pero advierte de que "el escenario económico es el que es" y recuerda que la Administración autonómica también está sufriendo las "dificultades" de financiación que atraviesan los municipios y los cabildos.



El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, se mostró de acuerdo en que los fondos municipales para servicios sociales "son insuficientes" y que la situación se ha complicado porque la crisis económica obliga a muchos ciudadanos a recurrir a las ayudas que prestan los ayuntamientos.



Sin embargo, al ser preguntado sobre si el Gobierno regional prevé incrementar los fondos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales o baraja otras fórmulas para ayudar a los ayuntamientos, Marrero recordó que el Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) ya se incrementó este año en un 18,8%, pese a que la reducción de ingresos ha obligado a reducir otras partidas presupuestarias.



El portavoz explicó que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que dirige Inés Rojas, también está desarrollando programas de atención social con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma y que el Gobierno está dispuesto a colaborar con las corporaciones locales, aunque insistió en que "los recursos económicos son los que son".



La Federación Canaria de Municipios (Fecam) denunció el lunes que los ayuntamientos no podrán atender por las tiempo las demandas de los ciudadanos afectados por la crisis económica y el paro, por lo que reclaman al Gobierno autónomo que incremente su participación en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas.



Pese al aviso de que no se podrán sacar recursos económicos de donde no los hay, Marrero explicó que el Gobierno regional espera alcanzar un acuerdo con Madrid sobre la llamada deuda histórica, y que una vez se cierre la cuantía se podrían atender las reclamaciones de los cabildos y los ayuntamientos.