Más de mil viviendas esperan su derribo en Canarias por estar en zona de dominio público costero

A. ZABALETA
En Canarias hay algo más de 1.000 edificaciones a las que la Dirección General de Costas ha abierto un expediente de demolición por estar situadas en el dominio público de la franja litoral. Estos datos fueron propor- cionados por Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno canario, una administración parti- daria de amnistiar y librar del derribo a aquellas construcciones que presenten un especial valor etnográfico, cultural o pintoresco, para lo que el Parlamento regional aprobó esta semana una reforma legislativa que contó con la oposición de los socialistas.

Miguel Ángel Pulido explica que su Ejecutivo plantea estudiar caso por caso, señalar aquellas construcciones de especial interés etnográfico y habilitar para ellas la fórmula de la concesión, que de hecho ya se aplica a algunas edificaciones situadas en el dominio público costero, como ciertos hoteles de Corralejo. "¿Por qué a esos hoteles se les puede dar una concesión por 30 años y a las otras edificaciones no?, se pregunta Pulido.

El viceconsejero de Ordenación Territorial señala que en un mismo asentamiento situado en dominio público se encuentran muchas veces juntas edificaciones recientes, de no más de 20 años, junto a otras mucho más antiguas, que pueden merecer ser salvadas, por lo que no se puede aplicar un criterio uniforme que decrete la demolición de todas.

La reforma legislativa aprobada por el Parlamento canario aborda otro supuesto distinto, el de aquellos asentamientos situados no ya en el dominio público, sino en el área de servidumbre. La extensión de esta zona depende del carácter que tenga el asentamiento.

Si se lo considera rústico, la zona de servidumbre se extenderá por 100 metros. Por contra, si se lo considera urbano el área de servidumbre no irá más allá de los 20 metros, por lo que casi todos estos núcleos quedarían dentro del planeamiento. En este supuesto se encuentran asenta- mientos como el de Tufia, en el municipio de Telde, en Gran Canaria, o una parte de El Golfo, en la costa lanzaroteña.

El Gobierno canario alega que muchos de estos núcleos ya existían antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1989, y que ya entonces podían ser considerados urbanos, bien atendiendo a que contaban con servicios como el alcantarillado, o al alto grado de colmatación, que indica que se ha construido al menos en dos tercios de los terrenos.

Para poder afrontar estas dos acciones, el Parlamento aprobó una modificación de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, modificación fuertemente contestada por el PSC, que vio cómo sus enmiendas no eran admitidas. Los socialistas ya avisaron de que esta reforma legislativa acabará en el Tribunal Constitucional.