El fuerte descenso de la licitación de obra pública hasta marzo impide la creación de 2.500 empleos

R. ACOSTA El importante descenso de la licitación de obra pública en el primer trimestre del año por parte de la Comunidad Autónoma ha impedido la creación de al menos 2.500 empleos. Los datos oficiales de la patronal de las grandes constructoras españolas evidencian una caída de los 44 millones del primer trimestre de 2008 a los casi 18 millones del mismo periodo de este año, lo que significa una bajada del 60%. Estos 26 millones de euros menos suponen un impacto sobre el mercado laboral de unos 1.000 empleos directos y cerca de 2.000 indirectos.

Los primeros meses del año suelen ser bajos en cuanto a licitación pública. Sin embargo, tanto en el año 2008 como en los tres primeros meses de 2009 la Administración autonómica se mantiene por debajo de la estatal en cuanto a inversión pública. De hecho, los datos reflejan que de los 1.210 millones de euros licitados en 2008 en Canarias, 594 correspondieron al Estado, 308 millones a la Comunidad Autónoma y 306 a los cabildos y ayuntamientos. Con respecto a 2007, el descenso global fue del 15,9%, pero sólo la licitación de la Administración autonómica cayó un 57,2%.

En los tres primeros meses de este año el comportamiento del Estado y de la Comunidad Autónoma reflejan una ralentización de la licitación y son las corporaciones locales las que acumulan casi 300 millones de euros, entre otros motivos por las licitaciones que han sacado los ayuntamientos con los fondos del llamado Plan Zapatero, lo que ha movilizado la licitación en los primeros meses del año.

Los constructores no esconden su preocupación por esta situación ya que es la inversión pública la de que debe servir de motor para dinamizar la economía y frenar la destrucción de empleo. La nueva presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, Salud Gil, señaló ayer la necesidad de que todas las administraciones se sienten en la misma mesa para coordinar sus inversiones y ofreció a la asociación que preside como elemento aglutinador, con el fin de incrementar la inversión pública y adelantar obras con fórmulas como la toma de razón o la concesión administrativa. Gil recuerda que este sector tiene un efecto multiplicador tanto en el empleo como en el paro.