Los socialistas acusan al Gobierno de Canarias de hurtar al Parlamento el gasto total de la reforma del chalé del presidente

SALVADOR LACHICA
El portavoz parlamentario del PSC, Santiago Pérez, afirmó ayer que "el Gobierno elude premeditadamente aspectos muy importantes" de los gastos que han ocasionado las obras de mejora y acondicionamiento de la residencia oficial del presidente Paulino Rivero en Las Palmas de Gran Canaria y que el propio Ejecutivo regional cifra en 300.000 euros. "¿Bromas? No, gracias", aseguró ayer Pérez, por lo que anunció que exigirán al Ejecutivo "que aclaren los gastos pormenorizados" de la reforma "para saber cuánto dinero se han gastado en una cosa y cuánto dinero en otra".

Este extremo también fue confirmado por el diputado socialista Sergio Roque, que fue quien pidió la documentación al Gobierno regional sobre las obras en el chalet de Ciudad Jardín y, además, el gasto de las pernoctaciones del jefe del Ejecutivo durante el año que han durado las reformas y que, según la documentación trasladada, asciende a 11.458 euros. "Es cierto que el presidente no duerme todos los días en Las Palmas de Gran Canaria", afirmó el diputado, "pero parece que es bastante poco ese precio, por lo que pediremos un mayor detalle".

Según el informe remitido a Roque, las obras en la residencia oficial de Rivero en la capital grancanaria, que se iniciaron en 2007 y han durado hasta el presente año, costaron 225.691,90 euros en concepto de mejora y acondicionamiento, mientras que en suministros el gasto fue de 75.594,04 euros. "Hay que saber el detalle de esos gastos, que el Gobierno ha pretendido ocultar desde el principio afirmando que eran secretos por cuestiones de seguridad y que ahora tampoco detalla", concluyó Pérez.

La residencia presidencial es un palacete que se encuentra ubicado en una de las mejores zonas de la capital grancanaria, el barrio residencial de Ciudad Jardín. Las obras en la residencia se iniciaron tras la toma de posesión de Rivero en el verano de 2007 y han durado hasta este año, según la respuesta ofrecida al PSC por la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento y de Participación Ciudadana del Ejecutivo autonómico.