Nueve meses al borde del infarto

A. ZABALETA Un auto de la magistrada Margarita Varona ponía fin el pasado jueves a un expediente judicial que durante nueve meses ha hecho correr ríos de tinta y ha enconado aún más la vida política en Canarias. La resolución de la magistrada de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenaba el sobreseimiento del denominado caso salmón, surgido a raíz de una denuncia de Carlos Sosa, director del periódico electrónico Canariasahora.com, por supuestos delitos de cohecho y prevaricación cometidos por el vicepresidente del Gobierno autónomo y presidente del PP canario, José Manuel Soria, cuando era presidente del Cabildo grancanario, en agosto de 2005.



El 11 de agosto del año pasado, Sosa llevaba la denuncia al TSJC y a la Fiscalía Anticorrupción. En ella se recordaba que tres años antes Soria había aceptado viajar a Austria y Noruega en el avión privado del empresario Bjorn Lyng, ya fallecido, pero que entonces estaba pendiente de que precisamente el Cabildo le diera luz verde a unas camas turísticas en Anfi Tauro. Y de hecho, obtuvo el plácet para las plazas, decisión posteriormente refrendada por el Parlamento de Canarias, tal y como exige la vía excepcional que contempla la moratoria de las Directrices.



El que Soria hubiera viajado invitado teniendo el expediente de Anfi sobre la mesa de su despacho era, para el denunciante, constitutivo de delito, máxime cuando posteriormente había decidido a favor de las pretensiones de Lyng. No era, en todo caso, un tema nuevo, pues el viaje del salmón ya había sido objeto de un tenso debate político en la corporación cabildicia que presidía Soria, pero tres años después llegó a los tribunales.



El 8 de octubre el TSJC admitía a trámite la denuncia, de lo cual resultó la imputación del propio Soria, al que pronto seguiría la del hoy secretario general del PP canario, Manuel Fernández, que era asesor y miembro del consejo de administración de Anfi. La investigación del caso salmón cobró a partir de entonces una dimensión distorsionadora del debate político y una proyección mediática gigantesca. El 26 de noviembre, cuando Soria, Fernández y la viuda de Lyng, Irina Svistunova, acudieron a declarar, la última en calidad de testigo, se encontraron con un enjambre de cámaras y grabadoras, ávidas por fotografiar al imputado Soria en los juzgados.



A la pretensión de Carlos Sosa se uniría en diciembre la asociación Justicia y Sociedad, que veía en el viaje del salmón.



Las últimas semanas han sido testigo de las quejas públicas de Soria con respecto a la investigación que la Unidad de Delincucuencia Económica y Fiscal venía realizando. Ayer, el auto de Varona ponía el punto final a un expediente judicial que ha sido mucho más que eso.