Inés Rojas aclara que la Ley de Dependencia obliga a elegir entre la atención social o una paga al mes

JESÚS MONTESDEOCA
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, aclaró ayer que la Ley de Dependencia no otorga el derecho a recibir dos prestaciones distintas de las administraciones públicas, como erróneamente creen muchas personas, que ahora están reclamando al Ejecutivo autónomo una paga mensual con cargo a dicha Ley.

A raíz del reportaje publicado ayer martes en LA PROVINCIA/DLP sobre la situación del discapacitado Miguel Ángel Suárez Rodríguez, cuya familia ha denunciado al Ejecutivo regional, Rojas explicó que ayer mismo informó al resto del Gabinete sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en las Islas y concluyó que el Gobierno central está creando "falsas expectativas" a los ciudadanos.

"La gente cree que la Ley de Dependencia es recibir una prestación económica cada mes; pero eso no es así, ni esa es la Ley, ni ese es el espíritu de la Ley", señaló Rojas, quien apuntó que el caso de Miguel Ángel Suárez es "un ejemplo de la confusión" que se ha generado, pues éste ha sido atendido desde el año 2000 en centros dependientes de la Comunidad Autónoma.

Según la consejera, la familia de Miguel Ángel Suárez decidió en 2007 que se acogiera a la Ley de Dependencia, por lo que ahora debe elegir entre cobrar una prestación económica mensual para que le cuide un familiar o seguir acudiendo a un centro de atención de día.

"Sólo excepcionalmente, si la persona discapacitada decide o no tiene otra fórmula que un familiar le atienda en casa, recibirá una prestación económica para pagarle a ese familiar", precisó Rojas, quien añadió que "se ha creído que la excepcionalidad es la norma". Respecto a las denuncias, dijo que esas personas "tienen todo el derecho del mundo a denunciar y a reclamar sus derechos porque hay una ley que se los da".