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SALVADOR LACHICA
Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) solicitarán que periodistas, policías y familiares de personas que estén en paradero desconocido comparezcan en la Comisión de estudio de los casos de menores desaparecidos, que ayer se constituyó formalmente en la Cámara regional con la anunciada ausencia de miembros del grupo Socialista, que desde un primer momento se opusieron a su creación y anunciaron que no iban a participar en la misma.
El conservador Fernando Figuereo, que ayer fue elegido presidente de la polémica comisión, adelantó que los cuatro miembros que la configuran esperan tener las conclusiones entre noviembre y diciembre. Para ello, anunció que llamarán a varios periodistas, "porque los medios de comunicación y todo el mundo tiene que participar en estos estudios para tener unas conclusiones constructivas", así como a familiares y a policías, pero "que en ningún momento estarán incursos en una investigación abierta".
Precisamente, las más fuertes críticas que ha recibido esta iniciativa de CC fueron que el Gobierno de Paulino Rivero busca rentabilizar el sufrimiento de las familias de Sara Morales y Yéremi Vargas y usar la comisión para justificar la creación de la Policía Canaria.
Al respecto, Figuereo dijo que "no queremos crear alarmismo" y que se llamarán a familiares "de casos que ya estén cerrados", con la finalidad de que "expliquen" al Parlamento "cómo han visto el desarrollo de su caso, qué han echado de menos y qué hubieran hecho ellos para, lógicamente, recogerlo en las conclusiones". La intención de llamar a familiares abre nuevas incógnitas sobre las intenciones de CC y PP, pues salvo las investigaciones sobre Sara y Yéremi, que siguen abiertas, no han existido en las Islas otros casos de niños desaparecidos.
COMPARECIENTES. En cuanto a los "necesarios" agentes policiales, su comparecencia fue justificada por el presidente de la comisión en que "son los primeros que actúan ante una desaparición y los primeros que nos pueden decir cómo llegar a nuestras conclusiones", destinadas a tener un "protocolo de actuación rápida" frente a estos casos. Al respecto, mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han cuestionado la utilidad de la comisión y han anunciado que no acudirán a la misma.
En todo caso, Figuereo dijo que hasta la próxima semana no se detallará el listado de las personas que se pretenden que comparezcan a partir de septiembre, para lo que se pedirá la inhabilitación de ese mes.
El presidente de la comisión solamente concretó el nombramiento del criminólogo Félix Ríos Abreu como "asesor para que nos ayudara en el desarrollo" de los trabajos de la misma, toda vez que es "una persona preparada que ha participado muchas veces en investigaciones y va a hacer una labor de ayuda" para elaborar un protocolo de acción inmediata "que redundará en el beneficio de Canarias y otras comunidades autónomas".
Momentos antes de que se constituyera oficialmente la comisión, el portavoz socialista, Santiago Pérez, insistió en que el PSC no va a participar porque la misma "no va a aportar nada útil" y, sin embargo, sí que puede traer "consecuencias no deseables" para la imagen de las Islas como "un destino seguro, en todas sus dimensiones" para los turistas. Para Pérez, la comisión "pone de manifiesto la soberbia del Gobierno canario, que no es capaz de reconocer la inutilidad de una iniciativa" que es contestada por toda la sociedad civil, en referencia a la creación de la policía autonómica.
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