Jaque a la Hacienda autonómica

PEDRO GUERRA
La sentencias ahogan la economía del Gobierno de Canarias. Hasta seis fallos judiciales por un valor superior a los doscientos millones de euros amenazan a la Hacienda pública regional con darle un serio revés en el presupuesto de 2009 si los empresarios deciden ejecutar provisionalmente las sentencias ganadas en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC; cinco de ellas con la moratoria de por medio y la sexta es la popularmente conocida como 'caso Tebeto', un imponente fallo que condena al Gobierno de Paulino Rivero a pagar 92 millones de euros más intereses al empresario Alfredo Bittini.

Por el momento dos empresarios han decidido solicitar a la Sala la ejecución provisional de su sentencia, lo que obligaría al Gobierno de Canarias a colocar sobre la mesa el montante económico reclamado, siempre y cuando se constituya el correspondiente aval bancario que establece la Ley.

La empresa Canteras Cabo Verde, propiedad de Alfredo Bittini y que ganó al Ejecutivo el pleito de la montaña de Tebeto, solicitó hace nueve meses la ejecución provisional de su sentencia, por valor de 92 millones de euros, pero aún no ha presentado el aval bancario, difícil de negociar en tiempos de crisis económica. Más fácil lo tendrá, según apuntan diferentes fuentes, la empresa Lopesan, a la que el Gobierno de Canarias le tendrá que adelantar a cuenta del Plan Parcial Golf Meloneras cuarenta millones de euros, como informó en su edición de ayer LA PROVINCIA. El aval, que en estos momentos se negocia con diferentes entidades bancarias, podría estar en cuestión de días, después de conocerse el auto del TSJC que concede la ejecución provisional por primera vez en una sentencia relacionada con la moratoria.

Pero otras dos ejecuciones provisionales por un valor superior a los cincuenta millones de euros están ya en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, a la espera de una resolución que podría ser pública en el plazo de un mes. Y dos más se encuentran en periodo de cuantificación para presentar ante la Sala la correspondiente petición de adelanto del dinero. En total, más de doscientos millones de euros a los que el Gobierno de Canarias tendría que hacer frente de forma inmediata y sin dilaciones.

Pero la justicia no se ha plegado a las súplicas de la administración: "No existe fundamento para que el Gobierno intente solucionar sus problemas económico-financieros a costa de los derechos de sus, por el momento, legítimos acreedores".