El Gobierno comprará otras dos mil viviendas a los constructores

A. ZABALETA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El Gobierno canario planea comprar 2.000 viviendas en construcción durante este año para ponerlas en régimen especial de alquiler con opción de compra, dirigidas a familias con una renta menor de 18.000 euros anuales. Esta medida, que se ultima en la redacción del nuevo Plan de Vivienda, complementará la adquisición de otras 1.000 casas certificada el año pasado, con un presupuesto de 100 millones de euros. Estas casas ya adquiridas podrán adjudicarse dentro año y medio, según estimaciones de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario.

El Ejecutivo autónomo pretende con esta medida anticrisis no sólo facilitar el acceso a una vivienda a las familias más desfavorecidas, sino también ayudar a mantener puestos de trabajo en el sector de la construcción, especialmente tocado por el desempleo. Por eso, una de las condiciones que se exigen a los promotores que opten a estos concursos es que la construcción no haya avanzado más allá del 50% de la obra. Se trata además de tener un mayor parque de viviendas sociales en alquiler.

La presidenta de la AECP (Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas), María de la Salud Gil, juzga "positivo que el Gobierno canario haya hecho estas medidas", y afirma que ninguna otra comunidad autónoma se ha atrevido a llegar tan lejos. A su juicio, es criticable que estas adquisiciones, encaminadas básicamente al pequeño promotor, ajusten demasiado los precios, de forma que "liberan al promotor del apuro financiero, pero no de las deudas".

Salud Gil cree, además, que estas medidas se pueden complementar con otras que plantea su colectivo, enfocadas más hacia la ayuda al comprador. A su juicio, con el sistema actual se está perjudicando a un sector medio, familias en las que ambos cónyuges trabajan, que no tienen acceso a casas sociales, pero tampoco pueden optar a una vivienda de renta libre en las actuales condiciones.

Está previsto que el concurso para la adquisición de estas 2.000 casas por parte del Gobierno se cierre a finales de este año. Los alquileres no pasarán en ningún caso de los 350 euros mensuales, y se estipularán en función de las capacidades económicas de cada una de las unidades familiares. Las familias pagarán un mínimo de 50 euros mensuales.

La opción de compra pretende incidir sobre un sector de población afectada por la crisis económica, pero que prevé remontar una vez pasados los meses críticos, por lo que en un futuro podrían adquirir la casa que están pagando. En estos casos, el 30% de los alquileres satisfechos servirá como parte del precio.