Canarias asume el control del convenio de carreteras para agilizar las obras

RUBÉN ACOSTA El Estado cederá todo el control del convenio de carreteras al Gobierno de Canarias, que asume no sólo la redacción de los proyectos, su licitación, dirección y recepción, sino también su seguimiento e inspección, hasta ahora en manos de Fomento, así como las modificaciones e incidencias que tengan lugar durante la ejecución de las obras. De esta forma, el Ejecutivo central sólo tendrá el papel de consignar en los presupuestos de cada año las partidas necesarias para el cumplimiento del convenio y del resto se encargará la Comunidad Autónoma. Otra de las modificaciones que se harán en el convenio será la facultad que tendrá el Ejecutivo regional de adelantar los fondos destinados a las expropiaciones, principal argumento utilizado por el Gabinete autónomo ante Madrid para justificar los retrasos en las obras y negociar los cambios.



El convenio actual de carreteras se firmó en 2006 y sólo tres años después se modifica para evitar las demoras que se han ido acumulando en este tiempo en las principales vías. De hecho, carreteras como la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o la autopista Puerto Rico-Mogán han tropezado con serios problemas durante su tramitación como consecuencia principalmente de las expropiaciones. Esta también es la principal causa de que la vía Agaete-El Risco se encuentre estancada. Lo que ha pedido la Consejería de Obras Públicas al Ministerio de Fomento es la potestad para adelantar las dotaciones previstas para las expropiaciones, de tal manera que se agilicen antes de la adjudicación.



En la modificación del convenio se fija un horizonte de 12 años, hasta el año 2017, con el fin de contar con los plazos adecuados para desarrollar la planificación de las infraestructuras viarias previstas. Asimismo, el Gobierno de Canarias asume la responsabilidad plena de todos los pasos de las obras desde su gestación hasta su final, lo que para el Ejecutivo autónomo supone que se podrá agilizar su gestión ya que la Administración central deja su papel de "tutela" y no tendrá también que decidir sobre los cambios e incidencias, revisiones de precios, certificaciones finales y otros problemas.



El convenio tendrá un contenido más flexible, con una regulación de sus mecanismos de actualización. El Ejecutivo también tendrá la facultad de priorizar unas vías sobre otras en función de las necesidades de cada isla.