Empresarios de Lanzarote reclaman al Gobierno 320 millones por la moratoria

PEDRO GUERRA Una nueva reclamación patrimonial de dimensiones estratosféricas amenaza al Gobierno de Canarias por culpa de la resquebrajada moratoria turística. El Ejecutivo regional se enfrenta a un pago de más de 320 millones de euros (más de 53.000 millones de pesetas) debido a la anulación del Plan Parcial Playa Blanca, en Lanzarote, que ya tiene finalizadas más de cuatrocientas viviendas, habitadas en la actualidad, y otras quinientas en proceso de construcción. El despacho de abogados Díaz de Aguilar ultima en estos momentos la que será la mayor reclamación patrimonial de la historia al Gobierno de Canarias, después de que la junta rectora del Plan Parcial (que aúna a decenas de empresarios) aprobara el pasado 16 de junio iniciar acciones judiciales.


Hace apenas un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaraba nulo el Plan Parcial Playa Blanca, al entender que quedaba afectado de lleno por la entrada en vigor, en 2001, de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias (moratoria) y sus posteriores disposiciones adicionales. Sin embargo, el citado plan parcial fue incorporado al sistema de planeamiento con la aprobación de la revisión del Plan Insular de Lanzarote (PIO) en el año 2000, después de que una sentencia del Tribunal Supremo fechada en 1996 obligara a ello.


Cuando en 2001 entró en vigor la moratoria turística (Ley 6/2001), todas las instituciones afectadas y los promotores del Plan Parcial entendieron que ésta era de aplicación, únicamente, a aquellos instrumentos de planeamiento no desarrollados a causa de la negligencia de sus promotores, algo que no ocurría con este plan parcial debido a que sus propietarios encargaron los correspondientes trabajos de redacción de estatutos, bases de actuación, y proyectos de urbanización y compensación correspondientes. Se entiende, según los servicios jurídicos del despacho Díaz de Aguilar, que la moratoria no puede afectar al Plan Parcial Playa Blanca toda vez que éste fue validado por una sentencia del TS de 1996, un año después, por tanto, de que entrara en vigor la Ley del Turismo de Canarias.


Igualmente, los empresarios consideran que el Cabildo de Lanzarote tuvo claro que la moratoria no afectaba al Plan Parcial Playa Blanca, cuando en 2002 aprobó una modificación puntual del PIO de Lanzarote relacionada con dicho plan y que en 2003 acordó expresamente la suspensión por el período de dos años del procedimiento de aprobación, modificación y revisión de varios instrumentos de ordenación, entre ellos el Plan Parcial Playa Blanca.


Con todos estos argumentos, el despacho de abogados Díaz de Aguilar ultima una demanda que aúna los intereses de decenas de empresarios de Lanzarote y que supondrá la mayor reclamación patrimonial de la historia jamás solicitada al Gobierno de Canarias.