SALVADOR LACHICA
Hasta 16 reformas o iniciativas legislativas se propone enfrente el Gobierno de Canarias durante el próximo otoño. La actividad parlamentaria que se iniciará a partir de septiembre promete tener un fuerte componente legislativo si se cumplen las previsiones del presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, pues a los proyectos de reforma del Estatuto de Autonomía y de Fomento de la Participación Ciudadana ya anunciados desde el Gabinete se pueden sumar otros de fuerte calado, como la modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias y del Servicio Canario de Empleo (SCE).
Hasta un total de 16 leyes y modificaciones legislativas anunció Rivero el pasado mes de marzo durante el Debate de la Nacionalidad, aunque, hasta el momento, ninguna de ellas ha sido registrada en la Cámara regional, pues se encuentran en distintas fases de elaboración.
Oficialmente, hoy es el último día del vigente periodo parlamentario de sesiones y la Cámara inicia mañana sus vacaciones, aunque varias fuentes del gabinete y de los partidos del pacto que lo sustentan auguran un "acelerón" legislativo para el próximo otoño, pese a que todavía el Ejecutivo no ha decidido la prioridad que otorgará a los proyectos anunciados por Rivero, salvo el referido a la reforma del Estatuto.
El próximo miércoles, 8 de julio, se celebrará un pleno extraordinario para aprobar el proyecto de modificación de la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria para adecuarlo al acuerdo suscrito con el Ministerio de Interior con el fin de que el texto no acabe en el Tribunal Constitucional (TC), pero este proyecto no entra en el listado presidencial.
De todos ellos, quizás uno de los más relevantes, debido a la actual crisis económica y las altas cifras de parados que tiene el Archipiélago, es el que pretende modernizar el Servicio Canario de Empleo (SCE).
Aunque no han trascendido los detalles de la reforma que pretende impulsar Rivero, varias fuentes inciden en que se pretende incrementar la capacidad de intermediación del SCE y de poner en marcha políticas activas de empleo con una gestión más cercana a la ciudadanía.
También con el objetivo de agilizar la actividad económica para remontar la crisis, desde la Viceconsejería de Administración Pública se trabaja en modificar la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos para agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas y que la competencia para calificarlas sea exclusivamente municipal.