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SALVADOR LACHICA ATI se cimentó e irrumpió en el mapa político regional en 1987 gracias a dos inventos propios: el uso del insularismo como arma política llevado hasta el extremo y la utilización en beneficio propio de las asociaciones de vecinos y cualquier movimiento asambleario que aglutine a la sociedad civil, ya sean colectivos de taxistas, murgas u ONG.
Si del primero se han hecho muchos análisis, el segundo de los pilares en el que se cimentó el éxito del apoyo popular del partido que nucleó el nacimiento de Coalición Canaria (CC) ha pasado más desapercibido, pese a que es mucho más importante para desgranar la ascensión y explicar, en parte, la caída del proyecto nacionalista que ahora Paulino Rivero quiere reimpulsar.
El populismo caudillista que actualmente protagonizan Hugo Chávez o Silvio Berlusconi y tan bien encarnó Manuel Hermoso en Tenerife antes de acceder a la Presidencia del Gobierno es el verdadero corazón de ATI y del asamblearismo de algunos de los partidos que luego conformaron CC.
Eso explica los planteamientos más polémicos de la Ley de Participación Ciudadana, que es una versión descafeinada de los verdaderos objetivos del núcleo duro nacionalista: elevar a rango de ley la manipulación social para que la ciudadanía conecte con lo que quiere el Gobierno y posteriormente vender mediáticamente la viceversa.
Un planteamiento que queda perfectamente explicitado en la propuesta 730 del programa electoral con el que CC se presentó a los comicios autonómicos de 2007, al afirmar que uno de los objetivos es "elaborar una Ley de referendos locales y autonómicos" con el fin de extender a todo el Archipiélago el modelo de clientelizar el movimiento ciudadano.
Rivero no puede permitir que el Gobierno de la gente sea gobernado por la gente. No puede consentir que se vuelvan a repetir manifestaciones como las de Vilaflor, el puerto de Granadilla o iniciativas legislativas populares que vayan contra la línea de flotación de las políticas del Ejecutivo, como sucedió con la Ley de Medidas Urgentes y la propuesta civil de crecimiento cero. El modelo es justo el contrario. Crear un tejido social, controlado por las esferas de poder, que legitimice las propuestas del Ejecutivo.
Así, las figuras de las consultas y los jurados ciudadanos del anteproyecto de ley cuestionado por el Consejo Consultivo son consecuencia directa del mandato incluido en el manifiesto nacionalista Siente Canarias, aprobado en junio de 2006, de "aumentar los cauces de participación y corresponsabilidad de los distintos agentes sociales ante los principales retos" del Archipiélago en tanto en cuanto las Islas necesitan "de la unidad y la cohesión social" para afrontar las decisiones públicas, pues eso "no es sólo una tarea de los gobernantes".
Un manifiesto que se elaboró de igual forma que el documento previo al IV Congreso de Coalición Canaria, celebrado el pasado año. Un documento de avances de ideas para la organización de ese cónclave, que bajo el título de Escuchar a todos, avanzar con todos, se fabricó, como reconocieron los propios nacionalistas posterior- mente, incorporando "las bservaciones de asociaciones y colectivos a los que las distintas estructuras de Coalición Canaria consultaron en la referida fase".
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