Como profesionales y operadores en el ámbito de la administración de justicia y al servicio de la ciudadanía, queremos cumplir escrupulosamente con los principios de legalidad, libertad e igualdad, con respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas y a las garantías constitucionales y legales.
Por ello en los momentos actuales compartimos con las personas que, sin ser profesionales de este ámbito, muestran su sorpresa, escepticismo y hasta indignación por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción.
En estos tiempos tan difíciles para la credibilidad y confianza en la justicia, los que trabajamos a diario en "la base" de la misma, queremos hacer un llamamiento a las autoridades a quienes la Constitución y la ley le atribuyen competencia en el ámbito de los distintos poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial), para que adopten las medidas oportunas, para que se tomen en consideración y se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, a fin de lograr su recuperación.
Consideramos especialmente urgente revertir una situación, de la que parece desprenderse un mensaje al pueblo, en cuyo nombre los jueces y tribunales administran Justicia, que ésta es fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes, incrementados en estos tiempos de crisis económica que no ha sido creada por quienes la padecen.
Y, por el contrario, es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales "de cuello blanco" que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos. Una administración de justicia, en suma, poco proclive a someter a juicio estas conductas, por los Juzgados y Tribunales profesionales o por la institución popular del Jurado, reinstaurada en nuestro país desde el año 1995.
Ésa es una imagen de la Justicia en el Estado español, que puede desprenderse de una realidad objetiva, que a estas alturas de la democracia, ha de combatirse con hechos. Siendo responsabilidad de todas las autoridades mencionadas, porque la democracia así lo exige, obrar con la rectitud exigible a los cargos que ostentan y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el valor de la Justicia como digna e igual para todos.
En Las Palmas de Gran Canaria a 5 de agosto de 2009.
Firmado: Joaquín Espinosa Boissier; María Victoria Rosell Aguilar; Alfredo Crespo Sánchez; Mery Pita Cárdenes; Joaquín Sagaseta Parada; Miguel Ángel Parramón i Bregolat; Jose María Guerra Aguiar; Leonor Castro Henríquez; José Manuel Rivero Pérez; Manuel Sánchez Álvarez; Félix Parra Suria… siguen hasta 100 firmas más
