Más de un centenar de jueces, abogados, funcionarios y operadores judiciales de la provincia de Las Palmas creen que la reiteración de resoluciones a favor de personas imputadas por presunta corrupción política está minando la credibilidad de la Justicia y piden a los poderes públicos que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de los ciudadanos en los tribunales.
Sin citar ningún proceso judicial en concreto, pero en evidente referencia a casos como el salmón o Gürtel, este grupo de profesionales señalan que diariamente constatan la "sorpresa" e "indignación" de la población "por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción".
En un manifiesto a la opinión pública titulado La Justicia en crisis, firmado, entre otros, por los magistrados Miguel Ángel Parramón y María Victoria Rosell, y por el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, se hace un llamamiento para que "se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía". Consideran que el pueblo está recibiendo el mensaje de que Justicia es "fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes", y por el contrario, "es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales 'de cuello blanco' que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos".
María Victoria Rosell confirmó a este periódico que cada día, al juzgar los casos que le llegan, recibe las quejas de ciudadanos que comparan su situación con la de los políticos y resaltó que los presuntos cohechos "deben llegar a juicio".
