Piden a Anticorrupción que investigue las contrataciones de Santa Cruz de Tenerife

ACN PRESS - SANTA CRUZ DE TENERIFE. La ex concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Odalys Padrón, junto a quince vecinos de la capital, ha presentado este miércoles al mediodía una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que pide que se investiguen presuntas irregularidades en las contrataciones millonarias realizadas desde junio de 2007 por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Estos ciudadanos creen que se podrían haber producido conductas constitutivas de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otras.

Así lo aseguraron, en declaraciones a los periodistas una vez hicieron entrega de la denuncia en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Odalys Padrón y Mercedes Semán, quienes manifestaron que este tema "es muy grave" y por eso han decidido poner en conocimiento de la Fiscalía unas notas de prensa y todas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación de "reproches y descalificaciones políticas entre CC y PP por las contrataciones y han pedido que se llame a declarar al alcalde Miguel Zerolo, "para que hable de posibles tratos de favor a ciertas empresas", a la ex edil del PP, Sheila Trujillo y a la vicepresidenta del comité local de Coalición Canaria (CC), Carmen Delia Alberto.

Asimismo, han solicitado que los expedientes de las contrataciones y los reparos de intervención sean investigados por la Fiscalía, así como que el actual consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Isidro Guimerá, aporte documentos originales y copias compulsadas de todos los contratos que durante dos años ha realizado la Sociedad cuando estaba dirigida por Ángel Llanos.

Mercedes Semán comentó que después de la destitución el pasado 28 de julio, del teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Ángel Llanos, por el alcalde Miguel Zerolo han leído "cosas muy fuertes" en varias notas de prensa de Carmen Delia Alberto (CC) y Sheila Trujillo (PP) en las que se acusan mutuamente de que ha habido asuntos que ellos saben "y que no los comentan porque pueden ser delictivas y entre ellas puede haber un tráfico de influencias o un cohecho derivado de ese trafico de influencias y prevaricación".

"Creemos que la única fórmula de que esta democracia siga siendo una democracia es que los ciudadanos seamos mucho más activos y tengamos en cuenta que el aparato judicial tiene mecanismos. Nosotros hemos cumplido con dejar aquí esto que consideramos grave y confiamos en la Justicia y en la Fiscalía", añadió.

En la misma línea, Odalys Padrón apuntó que se ha entregado la documentación a la fiscal de permanencia. Expuso que en los documentos se ponen en conocimiento las palabras de Ángel Llanos, "quien aseguró que había un pacto de silencio en torno al ´caso hermanos García Cabrera´ y que sabiendo él que era irregular, permitió que se pagaran tres millones de euros en ese caso".

Recordó Padrón que a raíz de esas declaraciones de Llanos, la vicepresidenta del comité local de CC en Santa Cruz, Carmen Delia Alberto, solicitó al alcalde que investigara todos los contratos que ha efectuado el PP "porque pudieran tener querencia por determinadas empresas, algo que ya es grave".

Después, continuó Odalys Padrón, "hemos visto cómo hay una nota de prensa de Sheila Trujillo (PP), quien dice a Zerolo que lo que tiene que hacer es investigar a los concejales de Obras Públicas y Adjunto a la Alcaldía, Norberto Plasencia y Manuel Parejo, respectivamente, que están imputados y que han realizado contratos de millones de euros a determinadas empresas durante años".

TRÁFICO DE INFLUENCIAS. A juicio de la ex edil de Ciudadanos, "esto es tráfico de influencias y es una posible prevaricación y todo ello puede ir acompañado de un posible cohecho, porque cuando se hacen tratos de favores y se entrega mucho dinero a determinadas empresas y no por el procedimiento que tiene que hacerse legalmente, a nadie se le escapa que pueda haber un cohecho detrás".

Padrón, que criticó que el Consistorio capitalino tenga "cierta predilección por contratar en el mes de agosto, espera que la Fiscalía Anticorrupción confirme toda esta información, ya que "el equipo de gobierno ha demostrado en estos años que la transparencia no es su fuerte".

En la documentación entregada por estos dieciséis ciudadanos de la capital tinerfeña se hace referencia a los comunicados de prensa enviados por CC y PP en las últimas dos semanas y se critica su estilo "camorrista" y de "amenazas veladas" entre los dos ex socios de gobierno "por las ilegalidades y tratos de favor otorgados por concejales a determinadas empresas".

Señalan que tanto Coalición Canaria como Partido Popular no se han percatado de que "ponen en evidencia la existencia de conductas ilegales favorecedoras que pueden constituir formas de corrupción castigadas penalmente".

Asimismo, indican que podrían estar ante la "grave omisión del deber de perseguir delitos", pues los hasta ahora socios de gobierno "teniendo pleno conocimiento de las ilegalidades y presumibles conductas delictivas cometidas por el otro, han faltado al deber legal de denunciar los hechos, convirtiéndose de tal forma en corresponsables de los mismos".

Estos vecinos de Santa Cruz hacen hincapié en que este contexto se produce en un Ayuntamiento de Santa Cruz "marbellizado" con un alcalde y concejales de gobierno "altamente competitivos a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo uno de los municipios con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas: Teresitas, Parque Marítimo, caso CCN, entre otros".

Además de las comparecencias de Zerolo, Trujillo y Carmen Delia Alberto ante la Fiscalía, piden que se aporten los expedientes de contratación tramitados por las áreas de gobierno asignadas al concejal Norberto Plasencia y Manuel Parejo desde 2004 hasta la actualidad y por Ángel Llanos desde 2007 hasta su destitución, así como que el interventor municipal entregue los informes de fiscalización y los reparos formuladas en los expedientes de contratación tramitados desde 2004 por el Ayuntamiento.