El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha puesto de nuevo al Gobierno canario contra las cuerdas en el caso Tebeto. La Sala de lo Contencioso Administrativo desestimó ayer los dos recursos presentados en julio por el Ejecutivo regional para evitar el pago inmediato de los 101 millones de euros a los que fue condenado en 2008 por los derechos mineros de la empresa Canteras Cabo Verde SA, propiedad del empresario Rafael Bittini, en la Montaña de Tebeto, en Fuerteventura.

El Alto Tribunal rechaza en primer lugar el recurso de súplica del Ejecutivo contra la providencia dictaminada a principios de julio en la que la Sala daba un plazo de quince días para abonar los 101 millones una vez que Bittini presentó el aval requerido. En el recurso, la Comunidad Autónoma solicitaba ampliar el plazo a tres meses y ponía reparos al aval por estar limitado a diez años y por estar mal constituido. El auto que se trasladó ayer a las dos partes desestima la súplica, por lo que el Gobierno debe ejecutar la providencia original sin opción a más recursos.

Además de la súplica, el Consejo de Gobierno decidió presentar ante la Sala del TSJC un recurso solicitando el fraccionamiento del pago de los 101 millones en cinco años antes de que vencieran los quince días de plazo. El principal argumento utilizado por el Ejecutivo para pedir este pago aplazado es que abonarlo de golpe "causaría un grave quebranto a las arcas autonómicas, sobre todo en el actual contexto de crisis económica". El segundo auto conocido ayer también desestima la petición del Gobierno, si bien en este caso los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma pueden recurrirlo en súplica ante la misma Sala, lo que hace muy difícil que sea estimado.

Esta batalla jurídica planteada por el Gobierno para evitar el pago inmediato de los 101 millones de euros es paralela al recursos de casación presentado ante el Tribunal Supremo por la Comunidad Autónoma. Los abogados de Rafael Bittini ya han presentado su recurso de oposición a esta casación.

En lo que llega la resolución del Tribunal Supremo, que suele tardar varios años en resolver los litigios, el Gobierno canario ve como sus opciones para aplazar el pago son ya mínimas y prácticamente ha agotado la vía judicial. Los servicios jurídicos ya estaban ayer estudiando el detalle de los dos autos desestimatorios en lo que supone un nuevo jarro de agua fría contra la Comunidad Autónoma.