El Gobierno ´intentó´ aportar un estudio sobre Tebeto

A.Z.D.
El Gobierno canario desveló ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le impidió presentar pruebas durante la fase procesal del procedimiento sobre Tebeto que finalizó con una condena que le obliga a pagar una indemnización de 103 millones de euros a la empresa Canteras de Cabo Verde, una limitación que "hizo imposible que se pudiera verificar si aquella era una montaña explotable en términos mineros", explicó ayer el consejero autonómico de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano.

Para Ruano, esta imposibilidad de aportar pruebas "significa que la valoración utilizada en el examen del asunto por la sala de lo contencioso del TSJC fue la valoración aportada por la empresa Canteras de Cabo Verde en el procedimiento administrativo. En la fase procesal no hubo recibimiento a prueba, por lo tanto no hubo ningún elemento que permitiera tomar una valoración diferente", dijo el consejero.

Efectivamente, el juez, mediante auto del 11 de junio de 2008, acordó no recibir el procedimiento a prueba, a pesar de que ambas partes, Canteras de Cabo Verde y Gobierno canario, lo habían solicitado. En todo caso, entre las pruebas que había solicitado incorporar el Ejecutivo canario no se encuentra una contravaloración económica de la explotación minera de la montaña de Tebeto como podría colegirse de las palabras de Ruano. La Administración interesó la apertura de la fase de pruebas, pero éstas iban dirigidas a acreditar cuestiones administrativas, relativas a la caducidad del permiso de investigación concedido a la empresa. Así, aunque el juez hubiese permitido al Ejecutivo presentar las pruebas que solicitaba, éste no hubiera podido aportar una valoración alternativa a la de Canteras de Cabo Verde.

Ruano explicó que "el Gobierno pidió la prueba porque en todo momento se ha defendido el interés general de todos los canarios, que se concreta en salvaguardar los recursos públicos de los contribuyentes". El consejero no quiso formular críticas explícitas al juez del procedimiento, pero sí criticó sus resoluciones. "Esta indemnización tiene una cantidad sin precedentes en responsabilidades públicas. Un asunto de esa naturaleza no se despacha de esa forma. Esta es una cuestión fundamental desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos, por tanto hay que meditar y medir perfectamente las resoluciones sobre este tema", dijo.

Independientemente de esta cuestión, Ruano recordó que el grueso de la estrategia del Gobierno en este caso se sigue centrando en el recurso que han planteado en el Tribunal Supremo, recurso que plantea que Canteras de Cabo Verde no tiene derecho a recibir indemnización. "La tesis del Gobierno sigue siendo la que se ha defendido y se defiende ante el Tribunal Supremo. Defendemos que lo que había era una expectativa de derecho, y las expectativas no generan derecho a recibir indemnización alguna", explicó Ruano.

El consejero entiende que los dos informes encargados por el Ejecutivo a peritos y presentados recientemente demuestran "que no es posible" la explotación minera en la montaña de Tebeto, y que "aun siéndolo tendría un valor mucho menor que los 103 millones de euros que va a recibir una empresa que no ha medido una sola piedra".

Para Ruano, la utilidad de ambos informes es "llegar a la justicia material, demostrar cuánto valía de verdad, si valía algo, la explotación minera de la montaña de Tebeto", finalizó.