LAS VERDADES DOBLADAS DE TEBETO

PEDRO GUERRA El "ahora haremos las cosas bien" de José Miguel Ruano refiriéndose al caso Tebeto lleva consigo una deducción bastante lógica: hasta ahora se han hecho las cosas mal. Parafraseando a Domingo Berriel, incluso "un bebé de chupete" llegaría a esa conclusión después de escuchar el viernes las palabras del consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.


Con una sentencia a cuestas que le obliga a depositar en las cuentas del empresario Rafael Bittini la nada despreciable cifra de 103 millones de euros, el Ejecutivo regional se ha lanzado esta semana al campo de batalla de la opinión pública en busca de reforzar su imagen por el caso Tebeto, en busca del interés general, frente al particular.


"Se trata de un atropello sin precedentes a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma", se apresuró a decir esta semana el portavoz regional Martín Marrero en el inicio de la operación a la que se han lanzado los hombres de equipo gubernamental de Paulino Rivero. Pero para contundencia esta otra, más populista si cabe: "El Gobierno moverá cielo y tierra para no tener que pagar ni un euro por Tebeto". Una estrategia perfecta pero que se tambalea a poco que se lea la letra pequeña, según indican algunas fuentes jurídicas.


La primera de las acciones encargadas por el presidente Rivero para trasladar a la opinión pública que el Gobierno es víctima de "un atropello sin precedentes" es un estudio técnico que contradice la valoración aportada al pleito por el empresario Rafael Bittini y que sirvió de base para cifrar en 103 millones de euros (92 más intereses) los derechos de explotación de la montaña de Tebeto. Cuatro años después de la tasación que el empresario aportó al pleito y que intentó ser cuestionada por el Gobierno, el Ejecutivo encarga dos nuevas tasaciones que se hacen en apenas un mes y cuyos resultados se pudieron ver el pasado miércoles: Tebeto vale cero euros; aunque como mucho, no cuesta más de 1,5 millones de euros.


Las cifras se basan en un estudio geológico encargado a "dos profesionales independientes y de prestigio", como explicó Martín Marrero el pasado miércoles. Se trata de Adolfo Rodríguez González, ingeniero de Minas, y el geólogo Ismael Solaz Alpera. El citado estudio, entre sus conclusiones, recoge que "las rocas traquíticas de la montaña de Tebeto, dentro de la CED Carmen, no son aptas para su aprovechamiento como recurso minero de bloques dimensionados de roca ornamental o piedra natural". Ismael Solaz, uno de los autores de este fugaz informe elaborado en un mes, ha trabajado también, en otras ocasiones, para Canteras Cabo Verde (la empresa de Bittini) y para su competencia, Canterías de Arucas.


Un informe demoledor, sin duda, pero que se podría convertir en papel mojado en el momento procesal en que se encuentra el pleito, como sostienen algunos expertos juristas. Nos encontramos no sólo con la fase de prueba sobradamente rebasada, sino con la sentencia ya dictada, aunque recurrida ante el Tribunal Supremo en Madrid.


Pero Tebeto es el caso de las verdades dobladas. El descubrimiento del auto mediante el que Ruano asegura que el TSJC no le dejó presentar un contravalor al informe de Bittini merece un análisis detenido. O tal vez sea suficiente un simple análisis. En el fundamento primero del apartado de hechos, se observa claramente que "la parte actora", es decir, Canteras Cabo Verde, solicita la "determinación del valor real de la concesión Carmen CDPI-37 sobre seis cuadrículas mineras sitas en el paraje denominado Montañas de Tebeto". Y que la "Administración demandada", esto es, el Gobierno de Canarias, solicitó otras pruebas relacionadas con el permiso de investigación otorgado en su día sobre Tebeto. Las pruebas fueron denegadas y, ojo al dato, el Gobierno no recurrió el auto.


¿Se puede concluir entonces que el TSJC no dejó al Gobierno de Canarias presentar una valoración que contradijera la de Bittini? Para más claridad, el fundamento noveno de la sentencia que condenó a la Comunidad a indemnizar con más de cien millones de euros a Cabo Verde, en el que se habla del perjuicio creado al propietario de los derechos de explotación: "Por daño efectivo, claro está, hay que entender daño cierto ya producido, no simplemente posible, contingente o futuro, y en el caso que analizamos está plenamente acreditado en el expediente que los daños son efectivos y presentes. Así se desprende muy claramente del extenso y minucioso informe pericial confeccionado por los señores don Antonio López Pérez y don Jesús Ojeda Ramírez [la valoración aportada por Bittini] que la interesada adjuntó al escrito inicial, habiendo sido admitido por resolución del instructor del expediente [Gobierno de Canarias] de fecha 20 de septiembre de 2006. Este informe hace gala de una coherencia, solidez y exhaustividad tales que su contenido convenció cabalmente a esta Sala, teniéndolo por cierto en su integridad, con el pleno alcance probatorio que habíamos advertido en el auto de fecha 11 de junio de 2008 [el que sacó Ruano el viernes], consentido por ambas partes".


Mientras el Gobierno se lanza al ataque de su operación de defensa del presupuesto público, Rafael Bittini, que nunca ha movido una piedra en las montañas sagradas de Tindaya y Tebeto, se parapeta tras una sentencia de 78 folios y cuenta las horas para ver su cuenta corriente con cantidades de nueve cifras. En color negro y con los ceros a la derecha.