12.000 familias más piden ayudas de emergencia

RUBÉN ACOSTA
La crisis económica y el desempleo han empujado en lo que llevamos de año a otras 12.000 familias canarias a solicitar algún tipo de ayuda social a las administraciones públicas para poder hacer frente a las necesidades más básicas, es decir, comida, alquiler y recibos de servicios esenciales como la luz o el agua. Estas 12.000 familias se añaden a las más de 25.000 que ya estaban recibiendo prestaciones sociales antes de que comenzara la agudización de la crisis y el fuerte crecimiento del paro en las Islas.

Los ayuntamientos se han visto desbordados y se les ha triplicado la demanda social en los últimos meses. Además de los fondos propios que han tenido que ir aumentando los municipios para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha incrementado de 4 a 10 millones de euros los fondos destinados sólo a emergencia social, además de otros 2 millones que provienen de la Obra Social de las cajas de ahorro canarias. En 2008 estos fondos llegaron a unas 9.000 familias mientras que en 2009 se espera que alcancen a unas 15.000, según las demandas que han ido presentando los servicios sociales municipales.

Un ejemplo elocuente es la situación en Las Palmas de Gran Canaria, el municipio más habitado de las Islas y con más demanda de ayudas sociales. Hasta el 31 de agosto la Corporación municipal capitalina se acercaba al millar de ayudas de emergencia social, cuando en el primer semestre del pasado año no llegaban al medio millar. De enero a junio se habían concedido 619 ayudas, mientras que sólo en julio y agosto esta cantidad se incrementó hasta las 859. Además, el Consistorio tramitó en este periodo cerca de 300 ayudas individuales para personas discapacitadas y mayores y facilita la ayuda a domicilio a 2.000 personas, sobre todo mayores.

El principal problema financiero con el que se han visto las corporaciones locales ha sido el fuerte aumento de las ayudas sociales, lo que ha ido acompañado de la caída en picado de los ingresos tributarios. Los serios problemas de tesorería que atraviesan los municipios ponen en peligro incluso los fondos destinados a este tipo de subvenciones, cuando la previsión para el próximo año es que se agudice la crisis social como consecuencia de que a muchas familias se les va acabando la prestación por desempleo, una vez que cumplen con el periodo establecido por la Administración.