El PSC pide la dimisión de Ruano por mentir

ACN PRESS La secretaria de Justicia y Seguridad del PSC-PSOE, Sandra Rodríguez Vázquez, denunció este martes que el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, admitió el 15 de enero en el Parlamento canario que no quiso presentar una tasación alternativa sobre Tebeto, por lo que, dijo, "ha quedado demostrado que tanto él como el portavoz del Gobierno [Martín Marrero] mienten ahora porque están desesperados por tapar su ineptitud".

La socialista, que aporta el Diario de Sesiones de aquella fecha, recuerda al consejero sus palabras en el debate de la comisión de investigación sobre Tebeto, donde dijo que presentar una tasación alternativa era reconocer que la empresa tenía derecho a ser indemnizada. "Este razonamiento jurídico hace que cualquier abogado se eche las manos a la cabeza ante tamaño disparate; cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que siempre hay que presentar una pericial contradictoria ante la posibilidad de que el juez diga que el demandante tiene derecho a una indemnización", precisa Rodríguez Vázquez.

La dirigente del PSC agrega que "cuando uno se defiende de una petición de indemnización no sólo discute que el demandante tenga derecho a la misma, sino por si acaso, la cuantía de la indemnización para no dar por buena la cifra que pone el demandante, que es lo que ha ocurrido en este caso".

Rodríguez Vázquez recuerda que el PSC-PSOE "retó a José Miguel Ruano a que presentara el documento con el que dice que pidieron otra tasación para contradecir la cuantía de la indemnización solicitada y cifrada en 100 millones [de euros], y de hecho no lo ha enseñado porque no existe", por lo que le pide "que se vaya a su casa por mentir".

Por último, Sandra Rodríguez Vázquez entiende que el Gobierno "no ha defendido los intereses de los canarios y es el responsable de la condena millonaria", y agrega que "resulta evidente que Ruano es un peligro público aplicando sus conocimientos jurídicos en la Administración del dinero de los canarios". En su opinión, el titular de Presidencia "ya lo dejó claro con su intervención estelar en el proceso de expropiación de los inmuebles del Parlamento de Canarias, y ahora de nuevo como máximo responsable de los servicios jurídicos" del Ejecutivo.