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P. G.
El 29 de febrero de 2008, la Sala de lo Contencioso Administrativo tumbó una reclamación del empresario Rafael Bittini contra el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias (TEAR), que detectó serias irregularidades en la compra de inmuebles a través de una de las sociedades del empresario.
Según se recoge en la sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Javier Varona Gómez-Acedo, el empresario trató de acogerse a los beneficios de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en la compra de inmuebles por una sociedad que no tenía actividad alguna.
Se trata de la mercantil Permuverde SL, una empresa que se constituyó en junio de 1999 y que en el ejercicio de ese año declaró su inactividad. Además, tampoco figuraba dada de alta en epígrafe alguno del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
En la sentencia se explica que Permuverde SL adquirió un inmueble en agosto de 1999 y lo vendió en diciembre de 2000 "sin que en tal ejercicio conste que tenga otro inmovilizado material", explica el fallo judicial, que continúa diciendo que "el hecho de que en el interregno temporal encargase determinados proyectos técnicos para la rehabilitación del edificio y obtuviese la licencia de obra mayor del Ayuntamiento capitalino, no son suficientes por si mismo para considerar que efectivamente haya tenido una actividad empresarial, dado que cuando efectivamente pudo rehabilitar el edificio decidió trasmitirlo en el mismo estado en que lo adquirió".
La sentencia explica, a su vez, que "no se niega a las sociedades transparentes la posibilidad de acogerse al beneficio de la RIC, sino que la posibilidad de dotar la Reserva para Inversiones viene anudada a la existencia de una actividad económica que genere los beneficios gravables".
La empresa Permuverde SL es una sociedad cuyo socio único es Canteras Cabo Verde SA, la empresa de Rafael Bittini que ha ganado al Gobierno de Canarias el pleito de Tebeto.
Lo que sí estima la Sala en relación al recurso presentado por Permuverde SL es que se le consideren como deducibles los gastos financieros derivados de dos contratos de préstamo mercantil por importes de 900.000 euros y 1,8 millones de euros, en una operación entre las entidades Permuverse SL y Canteras de Cabo Verde SA, según la sentencia.
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