El PSOE sostiene que el juez de Tebeto debió inhibirse

RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. "El juez ponente de la sentencia de Tebeto debió inhibirse del caso porque es público y notorio que tiene una relación de amistad con el señor Bittini". El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, cuestionó ayer la participación en el proceso de Tebeto del magistrado Francisco José Gómez Cáceres, presidente de la Sala de lo Contencioso de Las Palmas y ponente de la sentencia que reconoció al empresario Rafael Bittini derechos indemnizatorios por más de 103 millones de euros, a pagar por la Comunidad Autónoma, por la imposibilidad de explotar en Fuerteventura una cantera de piedra de Tindaya.

Durante una rueda de prensa celebrada ayer en la sede de los socialistas canarios, Santiago Pérez cumplió su anuncio de hablar de sus dudas sobre el trabajo judicial realizado en este caso. Tras un estudio detallado de la sentencia, el dirigente socialista considera que Gómez Cáceres no verificó con la meticulosidad que debiera los argumentos en que basó su resolución y por la que condena a la Comunidad Autónoma a pagar 103 millones de indemnización a Rafael Bittini, propietario de la empresa Canteras Cabo Verde.

Según Pérez, el magistrado no se percató de que, si bien en 1982 Bittini solicitó un permiso de investigación de recursos mineros en la zona de Tebeto sobre una amplia superficie, cuando años más tarde pidió autorización para explotar los supuestos recursos de la zona sólo lo hizo para una superficie mucho menor, pese a lo cual reclamó una indemnización como si lo hubiera pedido para el total. "El informe pericial presentado por Bittini lo aporta como si hubiera perdido el negocio de explotar los recursos mineros equivalentes a 36 campos de fútbol en vez de seis como finalmente solicitó y esta circunstancia un juez meticuloso la hubiera detectado", asegura.

ESTRATEGIA. También cuestiona Pérez que el magistrado utilice como línea argumental una supuesta estrategia de la Comunidad Autónoma para no reconocer los derechos de Bittini, en este caso el de ser indemnizado. Pérez recordó al magistrado que el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura que prohíbe la extracciones mineras en Tebeto es una competencia del Cabildo y no del Gobierno. Si esta prohibición fue en 1998, unos años antes ya las Normas Subsidiarias de La Oliva tampoco permitían actividades extractivas. Para Pérez, "el magistrado debería saber este tipo de cosas para fundamentar mejor la sentencia".

El dirigente socialista considera también que la Sala del TSJC debería haber estudiado más concienzudamente el informe pericial presentado por Bittini. "Cuando veo en la sentencia que el magistrado le dedica unos elogios exagerados al informe pericial me llama la atención", asevera Pérez, cuando se trata de un estudio que atribuía al yacimiento afectado un rendimiento potencial muy superior al real y cuya veracidad el magistrado "debido constatar antes de pronunciarse porque estaba en juego una indemnización de más de 100 millones de euros contra la Hacienda pública de Canarias, y no lo hizo", destacó el representante del PSC.