NOÉ RAMÓN
La Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el proceso de privatización de la empresa de agua de Santa Cruz (Emmasa). Esta anulación se basa en las denuncias del abogado y concejal de Ciudadanos de Santa Cruz Ángel Isidro Guimerá sobre la ausencia de la memoria justificativa, que nunca llegó a ser redactada y, menos aún, sometida a información pública.
Por ello, la Sala considera que se hurtó a los ciudadanos, fuerzas políticas y asociaciones la posibilidad de participar en el debate sobre la gestión de un servicio básico. El fallo viene así a suspender el pleno celebrado el 22 de julio del año 2005, en el que Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) acordaron llevar a cabo esta privatización, con los votos en contra de la oposición, integrada por el grupo municipal socialista y Partido Nacionalista Canario (PNC).
En el día de hoy Guimerá dará a conocer el contenido exacto de la sentencia que ayer no había sido notificada al Ayuntamiento que preside Miguel Zerolo. En principio, las consecuencias de este fallo pueden ser la convocatoria de un nuevo concurso y no se descarta que el Ayuntamiento tenga que devolver a Sacyr-Vallehermoso los 60 millones de euros que percibió en 2006 por adjudicarse más del noventa por ciento de la gestión de la empresa.
La oposición del PNC al proceso de privatización tiene su origen en el mismo momento en que el alcalde, Miguel Zerolo, optó por un nuevo modelo de gestión de la empresa. Un proceso que resultó polémico y que dejó en el camino incluso al interventor del Ayuntamiento, Miguel Ángel Rojo Garnica, que en un informe elaborado poco antes de la celebración del pleno advertía que no era "conforme a derecho" la venta de la casi totalidad de las acciones.
Ya entonces se alertaba de que esta operación sólo tenía por objeto compensar el gasto que supuso la compra del frente de la playa de Las Teresitas a Inversiones Las Teresitas (ILT) por 54 millones de euros.
23:00
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