Manual para privatizar una empresa en 22 días

Veintidós días. Ese es el tiempo que tardó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en finalizar el proceso de privatización de la única empresa pública que le era rentable: Emmasa. Entre el 1 y el 22 de julio de 2005, un consistorio presidido por Miguel Zerolo (en el ojo del huracán en los últimos años por los casos de corrupción) daba carpetazo a un expediente que llevaba cinco años parado. La empresa beneficiada fue Sacyr-Vallermoso, que resultó finalmente ganadora del concurso público y se hizo con el servicio de abastecimiento de aguas de la segunda ciudad más importante de Canarias a cambio de unos sesenta millones de euros. Ahora, la Justicia anula el concurso y las consecuencias son impredecibles.

En el año 2004, la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) dio unos beneficios netos de 438.000 euros al consistorio santacrucero. En el 2005, se decide privatizar la sociedad con un doble objetivo: "Obtener participación privada en la gestión de la sociedad", y conseguir "54.091.089 euros según el plan económico financiero del Ayuntamiento, para distintas obras", como consta en un informe del interventor. Y precisamente ese informe es el que levanta las sospechas de que algo oscuro se esconde tras la privatización de Emmasa, como se verá en el relato de hechos.

Es en el año 2000 cuando se inicia el expediente de privatización. Tras una moción presentada por el propio alcalde Miguel Zerolo, se dicta un decreto para iniciar el cambio de la gestión pública a la privada de Emmasa. Aunque esos inicios fueron bastante titubeantes: apenas se encargó una valoración de la empresa y un informe sobre las posibilidades de gestión que ofrecería Emmasa en un futuro.

Durante cinco años el expediente vivió el sueño de los justos hasta que el 1 de julio de 2005 se inicia una fulgurante actuación municipal que echa por tierra la teoría de que la burocracia acaba con la paciencia de los ciudadanos. Al menos en Santa Cruz.

El 1 de julio de 2005 se encarga la elaboración de una memoria a los técnicos Javier López de Vergara y Luis Fernández Prieto-González. Lo que en teoría es un documento complejo donde los haya dentro de un expediente administrativo, en la práctica se redactó en apenas una semana y el 8 de julio de 2005 ya estaba preparada. Todo a punto para que el 18 de julio, histórica fecha nacional, se reúna una comisión técnica formada a su vez por las comisiones de Economía y Hacienda por un lado y Servicios Públicos por otro, con el objetivo de votar a favor de la privatización de la única empresa pública rentable para las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Todo miel sobre hojuelas.

Hasta que el interventor, Miguel Ángel Rojo García, planta sobre la mesa de la comisión su informe, en el que recalca los problemas legales que tendrá la venta de acciones de Emmasa, advierte del riesgo de descapitalización de la sociedad y propone una ampliación de capital de la hasta entonces empresa pública. Pero a pesar de ello, el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular hace valer su mayoría para votar a favor de la privatización. ¿Y el interventor? Es relevado de su cargo tras el polémico informe.

Dos días después de celebrada la comisión, el 20 de julio de 2005, y para dar sustento legal a la decisión, el Ayuntamiento encarga un contrainforme que dudaba de la opinión del interventor y se mostraba favorable a la privatización. El informe fue avalado por el secretario municipal, José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala, al igual que uno de los miembros de la comisión, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo, imputado en el 'caso Las Teresitas' junto al alcalde. Con el camino allanado, la privatización de Emmasa es un hecho palpable.

Así, el 22 de julio de 2005, un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz presidido por Miguel Zerolo acordaba la privatización de Emmasa, que ahora anula la Justicia porque se hurtó a los ciudadanos la posibilidad de hacer alegaciones al proceso. Es lo que tienen las prisas.